En la segunda jornada de Diálogos por el Valle, con los candidatos de la Gran Consulta, Claudia López y Leonardo Huertas centraron su intervención en la situación de Cali y el suroccidente del país con críticas al Gobierno nacional, propuestas en seguridad y apuestas concretas para la región.
Claudia López cuestionó la falta de resultados visibles en el Valle del Cauca pese al respaldo electoral que recibió el presidente Gustavo Petro en el Pacífico. “No recuerdo un presidente que haya obtenido más votos en el Pacífico y en el suroccidente colombiano que Petro… y uno viene a Cali y no sabe cuál fue la gran obra del presidente, no la veo”, afirmó. Señaló que proyectos como el Tren de Cercanías no se financiaron por “saboteo político” y aseguró que es inadmisible que, por disputas entre el Gobierno nacional y la Gobernación, se haya frenado una iniciativa que calificó como la más importante en infraestructura para la región.
La candidata insistió en que, mientras Cali esté rodeada de economías ilegales, no habrá paz sostenible. “Mientras Cali esté rodeada de coca y crimen organizado, no va a tener paz. Mandarle a la gente plomo y glifosato no tiene sentido... Toda la región del suroccidente y el Pacífico necesita, además de seguridad, justicia, no impunidad; necesita oportunidades”, sostuvo.
Entre sus apuestas para el Valle, mencionó la necesidad de destrabar jurídicamente la vía Mulaló–Loboguerrero mediante un modelo de concesión público-privada-comunitaria, y propuso que la comunidad de Buenaventura participe directamente como socia en los recursos que genera el puerto. “Buenaventura está mamada de esperar que las regalías o la contraprestación del puerto de verdad se traduzcan en agua o en desarrollo. La comunidad debe recibir los recursos directamente, sin intermediación de políticos”, afirmó.
En materia de seguridad, López lanzó fuertes críticas a la política de “paz total”. “No ha desmovilizado ni un solo raponero”, aseguró, y planteó que frente al crimen organizado no puede haber diálogo, sino confrontación institucional. Propuso crear una fiscalía antimafia, incrementar el pie de fuerza de Policía y Ejército y adelantar un agresivo plan de sustitución de cultivos con garantías reales para los campesinos.
“Usted no puede ir a Jamundí o al Cauca y decirle a la gente que sustituya la coca y que Dios lo bendiga. Si la reemplazan por cacao, hay que darles precio de compra garantizado”, señaló, insistiendo en que estos programas deben incluir becas de educación superior y servicios de cuidado para las familias.
También abordó la violencia contra las mujeres y aseguró que la seguridad ciudadana no puede desatender este frente. “El principal productor de violencia contra las mujeres es la falta de autonomía económica”, afirmó. Defendió la ampliación de comisarías de familia, fiscales y jueces, pero insistió en que el sistema de cuidado y la autonomía económica son la base para reducir feminicidios y violencia intrafamiliar.
Por su parte, Leonardo Huertas planteó un enfoque distinto en materia de justicia y seguridad. “No queremos construir más cárceles, queremos construir más canchas”, afirmó, aunque aclaró que las cárceles existentes deben ser suficientes para criminales con penas cortas y efectivas. Frente a los grupos armados en el Pacífico, señaló que es necesario diferenciarlos jurídicamente.
“Primero hay que diferenciar un combatiente de un delincuente. El delincuente se persigue con policías y jueces; los combatientes de grupos armados se combaten en el marco del derecho internacional humanitario. Son combatientes y hay que combatirlos”, explicó.
La jornada dejó un encuentro de diálogo marcado por las críticas al Gobierno, la preocupación por la seguridad en el suroccidente y propuestas que combinan infraestructura, justicia, educación y desarrollo social como apuestas para el futuro del Valle del Cauca y el país.