Quince departamentos del país fueron señalados como zonas de riesgo electoral por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), que advirtió sobre la posible interferencia de grupos armados ilegales y estructuras criminales en las elecciones presidenciales de 2026.
El análisis se desprende de los resultados de las elecciones al Congreso realizadas este año y plantea un panorama preocupante para el proceso democrático que se avecina.
Los casos más críticos se concentran en Caquetá, Guaviare, Norte de Santander, Cauca y Chocó, donde se detectaron presiones, vigilancia y restricciones contra votantes en 722 puestos de votación. Estos puntos reúnen 327.196 votos y un potencial de 494.434 electores habilitados, lo que refleja la magnitud del riesgo.
En Caquetá, por ejemplo, se exigieron certificados electorales bajo amenaza de sanciones; en Guaviare se reportaron restricciones al transporte de personas vinculadas a campañas políticas; en El Tarra, Norte de Santander, se registró presencia de grupos armados cerca de los puestos de votación; en Guapi y López de Micay, Cauca, hubo acompañamiento de electores hasta la mesa y vigilancia sobre la opción marcada; y en Bajo Baudó, Chocó, se documentó constreñimiento contra comunidades indígenas.
“La veeduría territorial documenta condiciones del entorno electoral, mientras que el análisis estadístico identifica señales electorales atípicas. Su convergencia es lo que justifica la alerta institucional”, indicó el estudio.
El informe también identificó 103 puestos de votación donde el voto en blanco, nulo o no marcado resultó ganador en municipios con riesgo territorial activo. Según el ICP, estas señales atípicas corresponden a patrones estadísticos inusuales cruzados con variables de control territorial y hallazgos de veeduría ciudadana, como vigilancia del voto, presión comunitaria y restricciones al proselitismo político.
La organización explicó que la interferencia criminal no se limita al momento de la votación, sino que opera antes de que el elector llegue a la urna, mediante mecanismos de coerción y control territorial. Este tipo de prácticas, señaló el instituto, afectan directamente la libertad del sufragio y ponen en entredicho la legitimidad del proceso electoral.
Ante este panorama, el ICP hizo un llamado a las autoridades nacionales y a las misiones internacionales de observación electoral para que centren su vigilancia no solo en los puestos de votación, sino también en el entorno social y territorial de los electores.
La advertencia busca garantizar que el ejercicio democrático se desarrolle en condiciones de seguridad y transparencia, evitando que la presión de actores armados ilegales distorsione la voluntad ciudadana en una elección presidencial que será decisiva para el futuro político del país el próximo domingo 31 de mayo.