Faltando menos de tres días para que se lleve a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, programada para el domingo 21 de junio, la Defensoría del Pueblo emitió un llamado a los distintos actores políticos del país para promover un ambiente de respeto, diálogo y convivencia democrática.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su preocupación tras identificar discursos confrontativos, información falsa y mensajes que podrían incidir en escenarios de violencia o desconfianza frente a los comicios.
“El país ha observado un incremento en las manifestaciones y movilizaciones sociales relacionadas con el proceso electoral. Estas expresiones constituyen formas legítimas de participación ciudadana y ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica reconocidos por la Constitución Política y por los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Por sí mismas, no representan una amenaza para la seguridad ni para la democracia”, afirmó la funcionaria.
Sin embargo, Marín declaró que, entre el 1 de enero y el 11 de junio de 2026, realizó un seguimiento a 161 eventos de manifestación y movilización social relacionada con el proceso electoral en Bogotá.
“El 64 % de dichas expresiones se desarrollaron de manera completamente pacífica. En el 36 % restante se registraron situaciones que habrían afectado el derecho a la circulación, así como infraestructura pública o privada. En algunos casos puntuales se reportaron afectaciones a la integridad física de algunas personas", advirtió.
Frente a esta situación, la servidora pública explicó que dichas manifestaciones “responden a muchos factores, entre ellos expectativas sociales y políticas acumuladas, una campaña electoral marcada por discursos estigmatizantes, actos de difamación, expresiones discriminatorias y violencia digital, así como afirmaciones públicas sobre posible fraude electoral que hasta el momento no han estado respaldadas por evidencia sólida".
En ese sentido, instó a los candidatos presidenciales, al presidente de la República, a las altas autoridades del Estado y a los líderes políticos y de opinión a promover mensajes públicos orientados al respeto de la diferencia, la convivencia pacífica y la confianza en las instituciones democráticas, a desincentivar cualquier forma de violencia o estigmatización, a evitar afirmaciones sobre posibles fraudes electorales sin sustento probatorio suficiente y a tramitar las controversias e inquietudes relacionadas con el proceso electoral a través de los mecanismos institucionales establecidos.
Finalmente, la Defensoría aseguró que continuará ejerciendo todas sus funciones en favor de un proceso democrático libre y en paz para el país, que esté basado en el pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas que participan en el mismo.