Un proyecto de ley que comenzó su trámite en el Congreso plantea ampliar el acceso al subsidio familiar para trabajadores vinculados mediante contratos por prestación de servicios, una modalidad que en Colombia agrupa a millones de personas tanto en el sector público como en el privado.
El contrato por prestación de servicios es un acuerdo civil que se firma para ejecutar una labor específica durante un tiempo determinado, sin que exista una relación laboral formal. Bajo esta figura, los contratistas no hacen parte de la nómina de las entidades, no reciben prestaciones sociales y deben asumir de manera individual los aportes a salud, pensión y riesgos laborales.
¿En qué consiste la propuesta?
La iniciativa legislativa busca que los trabajadores por prestación de servicios puedan acceder a la llamada cuota monetaria, un subsidio económico que actualmente reciben los empleados con contrato laboral a través de las Cajas de Compensación Familiar.
Este apoyo hace parte del subsidio familiar, un mecanismo orientado a fortalecer el bienestar de los hogares colombianos mediante servicios como educación, vivienda, recreación, turismo social, crédito, cultura y protección al cesante.
Según cifras citadas en el proyecto, representa en promedio el 3,2 % del ingreso laboral.
El alivio financiero se entregaría mensualmente por cada persona que el trabajador tenga a su cargo, como hijos menores de edad, padres mayores de 60 años o hermanos huérfanos en condición de discapacidad.
El objetivo del proyecto es reducir la brecha de bienestar entre trabajadores dependientes e independientes, especialmente en hogares de ingresos bajos y medios.
Según la propuesta, el beneficio estaría dirigido a contratistas que realicen aportes a una Caja de Compensación y se encuentren activos en el sistema, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Requisitos planteados
Entre las condiciones que se analizan para acceder al subsidio, el proyecto contempla que los honorarios mensuales del trabajador no superen los 4,22 salarios mínimos legales vigentes, lo que para 2026 equivale a cerca de $ 7.388.819, ya que el salario mínimo fue establecido por decreto en $ 1.750.905, sin contar el subsidio de transporte.
Además, al sumar los ingresos del contratista y su cónyuge, el total no podría exceder los 6,38 salarios mínimos.
También se exigiría una afiliación mínima de seis meses a una Caja de Compensación Familiar y el pago regular de aportes calculados sobre el 4 % de los ingresos mensuales, tal como lo establece la normativa actual para los trabajadores independientes.