A partir de 2027, el servicio público de aseo en Colombia podría experimentar cambios importantes en su estructura tarifaria, como consecuencia de las nuevas directrices impulsadas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). La actualización busca modernizar la gestión de residuos sólidos, promover el reciclaje y avanzar en la implementación de la estrategia nacional de Basura Cero.
El debate se centra en la Resolución 1040 de la CRA, que establece lineamientos para transformar el modelo de prestación del servicio y fortalecer la economía circular, así como la inclusión y el reconocimiento de las organizaciones de recicladores de oficio.
Desde el sector empresarial existe preocupación por los efectos que la nueva metodología podría tener sobre los costos operativos de las compañías encargadas de la recolección, el transporte y la disposición final de los residuos.
Uno de los principales puntos de discusión es el reconocimiento de los gastos de mano de obra y recolección urbana, componentes que, según las cifras expuestas por el sector, representan entre el 77 % y el 81 % de los costos operativos del servicio.
Los operadores advierten que, si las fórmulas tarifarias no reflejan adecuadamente las variaciones de los costos laborales y demás gastos de funcionamiento, podrían presentarse diferencias entre los recursos que necesitan las empresas para operar y los valores reconocidos por la regulación.
Ante este panorama, las compañías señalan que sería necesario ajustar las tarifas para garantizar la sostenibilidad financiera del servicio. De no hacerlo, advierten sobre posibles dificultades para mantener la calidad de la operación, renovar los vehículos recolectores y realizar las inversiones requeridas en infraestructura.
Otro de los aspectos que genera debate es la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana durante la elaboración de la regulación. Representantes del sector privado han solicitado mayor claridad técnica y periodos de transición que permitan a los operadores adaptarse a las nuevas condiciones.
La preocupación también está relacionada con la seguridad jurídica del esquema tarifario y con la viabilidad de las inversiones necesarias para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio en los municipios del país.
La CRA sostiene que la actualización normativa busca mejorar la eficiencia del servicio, fortalecer el aprovechamiento de los residuos y establecer condiciones adecuadas para remunerar las actividades que hacen parte de la cadena de gestión.
En ese sentido, los cambios en la metodología no significan, por sí solos, que todos los usuarios vayan a experimentar un aumento automático en sus facturas. Se trata de una reestructuración de los parámetros y costos de referencia que regulan la prestación del servicio.
El efecto final dependerá de las condiciones de cada municipio, la estructura de costos de los prestadores, el cumplimiento de las metas de aprovechamiento y la aplicación de las nuevas disposiciones cuando entren en vigor.
¿Qué deben tener en cuenta los usuarios?
Aunque todavía no es posible establecer cuánto podría aumentar el recibo de aseo de cada hogar, el tema será relevante durante la implementación de las nuevas reglas tarifarias prevista para 2027.
Por ahora, los usuarios deben tener presente que un posible incremento no equivale a un alza confirmada ni uniforme en todo el país. El valor que finalmente se cobre dependerá de la metodología aplicable y de las condiciones particulares de cada municipio y prestador.
La discusión entre el regulador y las empresas continuará siendo clave para determinar cómo se equilibran los objetivos de sostenibilidad financiera, calidad del servicio, aprovechamiento de residuos y protección de la economía de los hogares colombianos.