Cientos de colombianos se podrán ver beneficiados con un nuevo subsidio económico que actualmente avanza en su proceso de reglamentación por parte del Departamento de Prosperidad Social, entidad encargada de administrar diferentes ayudas sociales entregadas por el Gobierno Nacional.
La iniciativa contempla una transferencia monetaria dirigida a personas con discapacidad y a sus cuidadores o asistentes personales, como parte de un nuevo esquema de apoyo que funcionará de manera independiente a programas tradicionales focalizados mediante el Sisbén.
El avance del subsidio quedó reflejado en el borrador de decreto publicado por Prosperidad Social durante el mes en curso, documento con el que se busca reglamentar el funcionamiento del Fondo Nacional de Protección y Apoyo a Personas con Discapacidad y sus cuidadores.
La creación de ese fondo fue ordenada mediante la Ley 2456 de 2025, aprobada por el Congreso de la República, norma que estableció la necesidad de implementar mecanismos de apoyo económico y social para esta población en Colombia.
“Se hace necesario establecer un esquema de implementación gradual y progresiva”, explicó la entidad gubernamental.
De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), con corte a 2025, en Colombia hay 3′134.037 personas con discapacidad que reportaron dificultades para desarrollar actividades cotidianas.
De ese total, 1′784.372 personas manifestaron tener limitaciones correspondientes a los niveles de severidad 1 o 2 de la escala del Washington Group, utilizada para medir condiciones de discapacidad y funcionalidad.
La nueva normativa establece que el fondo deberá reunir recursos destinados a financiar ayudas económicas, además de programas relacionados con formación, salud mental, rehabilitación funcional, cuidado y acompañamiento para personas con discapacidad y sus cuidadores.
“La entrega de una transferencia monetaria para las personas con discapacidad diferente a la Renta Ciudadana. En todo caso, los recursos de Renta Ciudadana podrán concurrir a la transferencia”, dicta la norma.
Según el borrador del decreto, el funcionamiento e implementación del fondo deberá regirse bajo criterios relacionados con dignidad humana, igualdad, accesibilidad, ajustes razonables, enfoque diferencial y prevención de duplicidad de beneficios.
El documento también establece la necesidad de construir un Manual Operativo que defina los procedimientos de planeación, selección, priorización, monitoreo y seguimiento de los programas financiados mediante este mecanismo.
De acuerdo con lo planteado en la propuesta normativa, las medidas contempladas buscarán contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad, fortalecer su autonomía e impulsar procesos de inclusión social y superación de condiciones de pobreza.