Las comisiones económicas deciden este miércoles el futuro del Presupuesto General de la Nación. En este momento hay tres ponencias, una positiva presentada por el Gobierno Nacional por un valor de $556 billones.
Pero, al mismo tiempo, se radicaron dos ponencias, una de la Alianza Verde por un valor de $546 billones y otra del Centro Democrático (CD), que reducen el monto del presupuesto hasta $530 billones, como lo han venido pidiendo muchos de los congresistas, pues consideran que la cifra que fijó el Gobierno está desfinanciada.
Según el CD, es necesario bajar del presupuesto el monto de la reforma tributaria que busca el Gobierno y que está establecido en $26,3 billones. Esta ponencia indica que el presupuesto estaría sobreestimado en $78,1 billones.
Las comisiones económicas se reúnen al mediodía de este miércoles para debatir las iniciativas, para lo cual citaron nuevamente al Ministro de Hacienda, Germán Ávila.
¿Qué dicen analistas?
Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, opina que la propuesta más sensata es la que menos apropiación tiene porque al momento de que se vaya a aprobar el presupuesto, no se habría aprobado la ley de financiamiento, “incluso hasta ahora no se le ha dejado el inicio del trámite en Comisión Tercera de Senado, es decir, es un proyecto que va demasiado quedado y que ni siquiera el 20 de octubre, sino bien entrado noviembre o más, se podría estar aprobando”, destacó el analista.
Agregó el profesor que hasta este momento no se ha conocido ninguna propuesta del Gobierno que realmente ajuste, en términos reales, qué es lo que se va a suprimir de ese proyecto de ley de financiamiento presentado para que queden $16 billones y no en $26 billones, como inicialmente se propuso.
Y sobre la ponencia del Gobierno, agregó que “en toda su dimensión guarda indiscutiblemente un grado de irracionalidad financiera muy alto, porque es un proyecto que reconoce un déficit fiscal del 7,1% del Producto Interno Bruto, eso es demasiado alto, en pesos es cercano a los 128 billones de pesos”.
Por su parte, Juan Diego Lobo, director de Economía de la Universidad EAN, comentó que ya se ha alertado que no existen unas causales para activar la cláusula de escape, “es decir, que se está pretendiendo subir el tope de endeudamiento sin que este tenga una justificación real, completamente legal y técnica por parte del Ministerio de Hacienda y pone en entre dicho varios elementos como un riesgo de desfinanciamiento del presupuesto de la próxima vigencia”.
“El otro elemento que resulta problemático de ley de financiamiento y de Presupuesto General de la Nación para 2026 es que se pone también en tela de juicio la estabilidad de lo que son los bonos que viene negociando el Ministerio de Hacienda en mercados internacionales”.
¿Qué pasa sino se avala el presupuesto?
Según el profesor Henry Amorocho, si no se llega a aprobar ninguna de las ponencias del Presupuesto General de la Nación, se volvería al mismo espacio deliberativo del año pasado en que no se decidió y el Presidente lo sacó por decreto.
“Lo que debe suceder hoy en el Congreso, de acuerdo con el procedimiento legislativo, es que se apruebe el proyecto hasta el monto que lo permitan las rentas legales vigentes. Pero el Gobierno presenta una ponencia que no tiene fundamento financiero”.
“Así las cosas si se insistiera en la misma mecánica que se siguió el año pasado para tratar de llegar a la expedición de un presupuesto por decreto, entonces lo que se lograría sería mucha incertidumbre, sería la posibilidad de conseguir recursos -que si no fueran por reforma tributaria- a través de deuda externa y el aumento de esta ya está yendo por una cifra que muy superior al 60% se prevé que va a llegar al 65% del PIB”, añadió.