El Gobierno Nacional anuncia, por tercera vez consecutiva, el aplazamiento de una subasta de vital importancia para la implementación de nuevos proyectos de generación de energía, esta vez destinados a operar entre los años 2027 y 2028.
Este retraso se presenta en un momento de creciente tensión entre el Gobierno y el sector privado en el ámbito energético y coincide con advertencias sobre la posibilidad de que el mercado se encuentre “demasiado ajustado” a partir de 2025, careciendo de la flexibilidad necesaria para abordar situaciones contingentes.
El ajuste realizado incluye un cambio en la fecha de asignación de los recursos del cargo por confiabilidad, que pasa del 15 de febrero a comienzos del mes de abril, según lo comunicado por el director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Omar Fredy Prías.
Esta decisión se toma con el objetivo de asegurar que la expansión de la generación de energía esté alineada con las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo.
La noticia del aplazamiento se dio a conocer durante una sesión extraordinaria de la CREG el pasado domingo 14 de enero. Es importante destacar que, en esta fase del proceso, los participantes de la subasta debían presentar las pólizas de garantía de seriedad de sus ofertas, lo que indica que ya debían haber tomado la decisión de participar y avanzar con los proyectos propuestos.
Los plazos de la CREG
Inicialmente, según la resolución 101-24 de 2022, se estableció que las ofertas debían presentarse 120 días después de la publicación, fijando la fecha límite en el 24 de mayo de 2023. Sin embargo, el 23 de mayo del año pasado, la CREG extendió este plazo por 60 días hábiles, postergando la recepción de ofertas hasta el 23 de agosto de 2023.
Esta primera extensión fue justificada con el objetivo de facilitar una mayor participación y competencia en la subasta, así como garantizar una oferta de ENFICC (Obligaciones de energía en firme) suficiente. No obstante, llegada la nueva fecha, se anunció otra modificación mediante la resolución 101-021, añadiendo 63 días hábiles y posponiendo la fecha de cierre a febrero de este año.
Ahora, el Gobierno busca una nueva prórroga de 30 días hábiles, llevando la fecha de recepción de ofertas potencialmente hasta abril. Esta subasta es esencial para asignar la energía necesaria para garantizar la confiabilidad del país, considerando diferentes escenarios de crecimiento de la demanda.
Sin embargo, esta sucesión de modificaciones ha generado preocupaciones en el sector. Fuentes consultadas sugieren que el aplazamiento podría estar vinculado a una falta de participación e interés, ya que las empresas interesadas ya debieron presentar sus declaraciones de interés.
Portafolio consultó al experto, Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores, quien expresó su inquietud por la falta de claridad en las razones detrás de estos ajustes en el cronograma, generando incertidumbre y afectando la percepción de las compañías participantes.
A este punto, con casi dos años desde la publicación de la resolución que convocó la subasta, las continuas postergaciones generan incertidumbre y cuestionamientos sobre la estabilidad del proceso.