Un recorte de gran magnitud en el gasto público hace parte de las medidas que el Gobierno Nacional incluyó en la Ley de Rescate Económico, una iniciativa con la que busca reducir los costos de funcionamiento del Estado y contribuir al ajuste fiscal.
El periodista Néstor Morales se refirió al alcance de la propuesta en Blu Radio y señaló que el ahorro podría rondar los $23 billones. Además, comparó el ajuste planteado con anteriores estrategias de austeridad y destacó la magnitud de los recortes que se estarían contemplando.
“Viene un pavoroso recorte que podría significar en plata unos $ 23 billones. Esto no es como antes, que ahorraban en papelería o tiquetes de primera clase; acá es un recorte tipo motosierra”, apuntó en Blu Radio.
El paquete de medidas está incluido en un componente que, según la exposición de motivos del proyecto, representaría cerca del 70 % del ahorro fiscal previsto. Su aplicación estaría enfocada en disminuir los gastos operativos, reorganizar entidades públicas y revisar programas que reciben financiación estatal.
Entre las propuestas figura reducir las transferencias del Presupuesto General de la Nación que no cuenten con concepto favorable del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis). También se plantea trasladar al Tesoro Nacional los excedentes de liquidez de fondos especiales y revisar las leyes que generan obligaciones de gasto para el Estado.
Recortes en contratación y gastos de personal
La iniciativa contempla varias disposiciones de austeridad administrativa. Una de ellas busca limitar el crecimiento de las compras de bienes y servicios de las entidades públicas al porcentaje de inflación. También propone restringir la publicidad estatal a contenidos informativos y establecer un plan permanente de ahorro.
En materia de contratación, el Gobierno plantea reducir en un 50 % los costos asociados a los contratos de prestación de servicios durante 2027. Para 2028, la meta sería alcanzar una disminución nominal del 20 % en los gastos de personal de las entidades nacionales.
Otro de los puntos contempla facultar al Presidente de la República para reorganizar ministerios y otras entidades durante seis meses. Con esta atribución se buscaría eliminar funciones duplicadas, modificar estructuras administrativas y disminuir los costos de funcionamiento.
Finalmente, el proyecto propone identificar y vender activos públicos que no sean necesarios para el desarrollo de las actividades estatales, como otra alternativa para obtener recursos.
Estas disposiciones hacen parte de la estrategia del Ejecutivo para reducir el tamaño y los costos de la administración pública, en medio de la búsqueda de un mayor equilibrio en las finanzas nacionales.