Durante años, el Valle del Cauca ha acumulado una lista de grandes obras necesarias para mejorar su movilidad, fortalecer la conexión con Buenaventura, impulsar la competitividad y atender necesidades básicas de su población. Unas han avanzado en estudios y estructuración, y otras continúan esperando decisiones que permitan llevarlas a la ejecución.
Ahora, esa agenda enfrenta los nuevos retos que ocasionó el terremoto del 10 de agosto, que dejó afectaciones en la infraestructura del departamento y obligó a poner sobre la mesa una necesidad adicional de inversión: la reconstrucción y recuperación de viviendas, vías, colegios, hospitales, establecimientos comerciales y bienes patrimoniales de la comarca.
En ese escenario, el desafío actual no está solo en mantenerlos en la agenda regional, sino en establecer qué tan avanzados se encuentran, cuáles tienen recursos y cuáles requieren nuevas decisiones del Gobierno Nacional para llegar a la etapa de ejecución.
El Tren de Cercanías, la vía Mulaló-Loboguerrero, el dragado del canal de acceso a Buenaventura, el acueducto de ese municipio y el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón no se encuentran en la misma etapa. Mientras algunos tienen estudios y una estructuración avanzada, otros todavía enfrentan obstáculos relacionados con financiación, vigencias futuras, consultas previas, trámites o decisiones institucionales.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI Occidente, considera precisamente que la región debe reconocer el nivel de madurez de cada iniciativa para concentrar la gestión en los asuntos que condicionan su avance.
“El Valle del Cauca tiene hoy una agenda clara de proyectos estratégicos y una prioridad inmediata: su reconstrucción”, señala el gremio, que plantea que las inversiones para recuperar la infraestructura afectada deben avanzar paralelamente con las obras estratégicas que necesita el departamento.
Un mapa distinto para cada proyecto
Una iniciativa que se encuentra en una etapa más avanzada de estructuración es el Tren de Cercanías. La primera línea priorizada corresponde al corredor Cali - Jamundí y luego el sistema contempla conexiones con Yumbo, Palmira y el aeropuerto, además de su integración con el MÍO y el transporte intermunicipal.
De acuerdo con la CCI, el proyecto cuenta con avances en su estructuración técnica y financiera y con respaldo de los ejecutivos locales y Departamental. El siguiente paso es conseguir el aval del Gobierno Nacional y avanzar hacia las decisiones que permitan su contratación y construcción.
“El Tren de Cercanías ha alcanzado un nivel importante de madurez técnica y financiera. El reto ahora es que esa estructuración se traduzca en una obra que transforme la movilidad regional”, afirmó Diana Rojas, directora ejecutiva de la CCI Occidente.
La inversión estimada está entre $ 13 y $ 15 billones, dependiendo de las fases que finalmente se ejecuten y de las obras complementarias de integración urbana.
Christian Garcés, presidente del Bloque Regional Parlamentario, señala que para esta iniciativa deben asegurarse vigencias futuras que, según su estimación, sumarían $ 8,4 billones. Sin embargo, aclaró que las cifras que menciona corresponden a recursos que los congresistas están gestionando para que sean financiados por el Gobierno central y no a dineros que actualmente estén garantizados para cada obra.
Alejandro Ocampo, senador del Pacto Histórico, considera que el proyecto quedó avanzado en su estructuración y pendiente de una decisión nacional: “El Tren de Cercanías (...) ya está solamente para la firma del Gobierno actual, y listo”.
La situación es diferente para la Mulaló-Loboguerrero, la CCI Occidente señala que el proyecto cuenta con estudios desarrollados y consenso regional sobre su importancia, pero continúa entre las iniciativas más rezagadas de la agenda de infraestructura.
El principal desafío identificado por el gremio es la aprobación de las vigencias futuras excepcionales. La nueva conexión tendría cerca de 31,8 kilómetros, con túneles, viaductos, obras de estabilización geotécnica e intersecciones.
Las estimaciones de inversión superan los $3 billones, aunque el valor puede variar de acuerdo con la actualización de precios y los ajustes contractuales. La obra permitiría reducir entre 45 y 60 minutos los tiempos de recorrido y disminuir costos de transporte hacia Buenaventura.
Garcés asegura que en una fiducia existen $ 1,8 billones y que se requieren recursos adicionales. Mencionó inicialmente $ 874.000 millones como la suma que haría falta gestionar.
Ocampo, por su parte, sostiene que el proyecto cuenta con recursos y que los principales obstáculos están relacionados con las decisiones para desarrollar la obra.
Estas diferencias ponen de manifiesto una de las dificultades que tendrá la agenda regional: establecer qué recursos están disponibles, cuáles están comprometidos y los que todavía deben ser gestionados.
En cuanto a Buenaventura, se concentran dos iniciativas de naturaleza distinta, pero igualmente estratégicas: el dragado del canal de acceso al puerto y el acueducto. El primero tiene una incidencia directa sobre la competitividad portuaria. El canal de acceso tiene cerca de 34 kilómetros y los estudios más recientes contemplan una profundización escalonada que podría llevarlo a 16 metros en la bahía interna y 16,5 metros en la externa.
La Iniciativa Privada de Dragado de Buenaventura contempla inversiones cercanas a $ 1,18 billones para estudios, profundización, mantenimiento y operación de largo plazo. Sin embargo, todavía hay asuntos por resolver. El senador Christian Garcés señaló que, en el caso del dragado, entre los puntos pendientes están las consultas previas y la definición de los recursos.
Desde otra orilla política, el senador Ocampo también indicó que el proceso con las comunidades continúa siendo uno de los asuntos pendientes.
Según explicó, para el proyecto del dragado todavía deben concretarse acuerdos con comunidades que hacen parte del proceso de consulta previa.
En el acueducto, el reto es distinto: que los recursos disponibles se traduzcan en una mejora efectiva del servicio. La CCI señala que durante 2026 se avanzó en la definición de una hoja de ruta y en la asignación de recursos. Para el periodo 2026-2029 se proyectan inversiones por $ 274.719 millones, con $43.195 millones inicialmente asegurados para este año.
Diana Rojas, directora de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), señaló que el reto en Buenaventura no es únicamente conseguir dichos recursos, sino lograr que se traduzcan en soluciones concretas para la población.
“Buenaventura necesita que la inversión en infraestructura se traduzca en bienestar tangible para sus habitantes. Hoy existe una hoja de ruta y hay recursos identificados; el siguiente paso es garantizar una ejecución efectiva”, afirmó.
Ahora bien, el Alfonso Bonilla Aragón presenta un panorama diferente, dado que la infraestructura es considerada funcional y su operación está consolidada; la discusión está en cómo prepararlo para el crecimiento de la demanda.
La CCI sostiene que los escenarios de planeación contemplan una demanda que podría llevar al terminal aéreo a atender cerca de 16,3 millones de pasajeros en horizontes futuros.
Para responder a ese crecimiento se prevén ampliaciones de terminales, expansión de plataformas, modernización operacional y fortalecimiento de la infraestructura logística de carga.
En la APP Aeropuertos de Suroccidente se estiman inversiones totales cercanas a $ 4,27 billones, con un capex (gasto de capital) de $ 1,428 billones y un horizonte concesional de 30 años.
El siguiente paso es la nueva concesión. Según el cronograma preliminar citado por la CCI, la licitación sería publicada en febrero de 2027 y podría adjudicarse en julio del mismo año.
Atender la tragedia
Para el presidente del Bloque Parlamentario del Valle, la atención de los damnificados del terremoto debe convertirse en una prioridad presupuestal.
Garcés plantea que se incluyan recursos para las vías, los negocios afectados, los colegios y los centros hospitalarios. También considera necesario que la reconstrucción tenga respaldo en el Presupuesto General de la Nación del año entrante.
Cabe señalar que esta gestión hace parte de la agenda que busca impulsar el Bloque Regional Parlamentario, reactivado recientemente.
Para la CCI, entretanto, la reconstrucción no debería entenderse únicamente como la reparación de lo que resultó afectado, sino como una oportunidad para mejorar la calidad y la resiliencia de la infraestructura.
La coincidencia está en que la región necesita mantener simultáneamente dos agendas: atender las necesidades derivadas del terremoto y avanzar en las obras que llevan años siendo consideradas estratégicas para el desarrollo económico.