El panorama para los consumidores de bebidas alcohólicas en el país ha dado un giro drástico tras la implementación de las nuevas medidas tributarias adoptadas por el Gobierno Nacional.
Con la entrada en vigor del Decreto 1474 de 2025, el costo de vida para quienes disfrutan de estos productos se ha visto impactado directamente por el ajuste en los gravámenes que buscan cubrir el déficit del Presupuesto General de la Nación.
La normativa, firmada en el marco de la emergencia económica, establece un cambio profundo en la carga impositiva. El ajuste más visible para el ciudadano común es el salto en el IVA, que pasó de una tarifa diferencial del 5 % a la tarifa general del 19 %. Este incremento de 14 puntos porcentuales se aplica ahora a licores, vinos y aperitivos, dejando por fuera únicamente a la cerveza.
De acuerdo con las declaraciones del ministro de Hacienda, Germán Ávila, este paquete de impuestos tiene como meta recaudar cerca de 11,1 billones de pesos.
Sin embargo, la medida ha generado una fuerte resistencia política; de hecho, 17 de los 32 gobernadores del país ya han manifestado su rechazo, calificando la emergencia económica decretada en diciembre como una acción inconstitucional que afecta la autonomía regional.
Además del IVA, el esquema del impuesto al consumo sufrió modificaciones severas en sus dos componentes principales. El componente específico, que se calcula por cada grado alcoholimétrico, tuvo un aumento del 119 %, pasando de 342 pesos en 2025 a 750 pesos en este 2026 por cada unidad de 750 centímetros cúbicos.
Por otro lado, el componente ad valorem, que se liquida sobre el precio de venta al público antes de impuestos determinado por el DANE, subió del 25 % al 30 %. Estos ajustes combinados han provocado que el precio final en estantería se dispare, afectando especialmente a los productos de fabricación nacional que dominan el mercado popular.
La Industria Licorera de Caldas fue una de las primeras en revelar el impacto real en sus productos estrella. Por ejemplo, una botella de 750 mililitros de Aguardiente Amarillo de Manzanares, que el año pasado costaba 49.705 pesos, ahora tiene un precio sugerido de 71.112 pesos, lo que representa un encarecimiento del 43 %.
La situación es aún más crítica para el Ron Viejo de Caldas tradicional. En este caso, el incremento absoluto es de 30.059 pesos por botella, lo que significa que el consumidor pasó de pagar 54.545 pesos a desembolsar 84.604 pesos, reflejando una subida porcentual del 55 % en menos de un año.
Desde la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA), el panorama no es distinto. El gerente de la entidad, Esteban Ramos, detalló que una unidad que anteriormente tributaba 17.500 pesos, ahora debe entregar al Estado cerca de 33.000 pesos solo por concepto de impuestos, duplicando prácticamente la carga fiscal por cada botella comercializada.
En cuanto a los licores importados, el whisky también ha sentido el rigor del Decreto 1474. Una botella de Buchanan’s de 750 ml, que en 2025 se encontraba en un rango de hasta 180.000 pesos, en la actualidad puede alcanzar los 215.000 pesos en diversos puntos de venta, dependiendo de la edición y el establecimiento.