La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía, Asofondos, reiteró su inconformidad con el decreto 0369, expedido hace unos días por el Gobierno Nacional, porque consideran que dicha norma afectará un principio fundamental en la administración de ahorros pensionales: la diversificación y el modelo de Multifondos creado en el año 2009.
El decreto limita las inversiones que pueden hacer los fondos en activos en el exterior al 30%, es decir, que gran parte del dinero que está por fuera del país, tendrá que retornar a Colombia.
Para Asofondos, limitar las inversiones de los ahorros de los trabajadores colombianos en activos del exterior se traduciría en menores rentabilidades para los afiliados y, por tanto, en menores prestaciones. “Esto es una muy mala noticia para todos los afiliados. A un trabajador colombiano le costará más acumular el capital suficiente para comprar una renta vitalicia y hacerse una pensión y quienes alcancen estas metas tendrían pensiones más bajas, lo que va en su detrimento”, explicó Andrés Velasco, presidente del gremio.
Para el gremio, el Decreto parte de un diagnóstico equivocado: las AFP invierten en todo lo que se puede en Colombia, “pero no hay una mayor inversión en lo local por la ausencia de proyectos idóneos, seguros y rentables que le ofrezcan a los afiliados las mejores condiciones de riesgo-retorno para sus ahorros. Las limitaciones actuales responden principalmente a la escasez de proyectos estructurados adecuadamente, a condiciones de confianza necesarias para su desarrollo y a las altas tasas de interés que el Gobierno paga, debido al desorden fiscal, el cual representa un alto costo de oportunidad para cualquier inversionista”.
Las alternativas que analizan los fondos
Desde el gremio informaron que analizan varias opciones judiciales respecto al decreto del Gobierno, así como propuestas.
- Propusieron financiar un banco de proyectos como el que plantea el decreto, siempre y cuando este se estructure de forma que cumpla con los requisitos de riesgo y retorno acordes con cada uno de los multifondos, tal como lo exigen el deber fiduciario y la ley. “Para ello no es necesario imponer un límite máximo que, por el contrario, sí termina perjudicando a los afiliados cuando dicho límite no se establece en su claro interés”.
- Las AFP analizan acciones judiciales para proteger el ahorro de los trabajadores, y el alcance de la norma para presentar el plan de ajuste que esta exige antes de empezar su implementación.
- Adicionalmente están estudiando los posibles conflictos frente a la Ley 100, a otras disposiciones del régimen de inversiones vigente y al escenario que se plantearía si la Corte Constitucional declara exequible la Ley 2381 de 2024 en cuanto al régimen de inversiones.
Este decreto tendría que ser revisado, de implementarse dicha norma. “Se solicitará a las autoridades la claridad necesaria frente a este nuevo decreto cuyas precisiones serán muy importantes para su implementación”, puntualizó Velasco.
En un comunicado, el gremio especificó que si bien las AFP acatan y respetan las normas vigentes en cumplimiento de su deber institucional, el sector también está evaluando acciones judiciales necesarias para cumplir con el deber fiduciario y proteger el ahorro pensional de los afiliados, adicionales a los recursos que ya han presentado otros ciudadanos.