Por: Julio César Alonso
Hay un hecho que no admite discusión. Si los ingresos mensuales de un hogar no cubren los gastos, se puede recurrir a un préstamo. Sin embargo, si los gastos superan consistentemente los ingresos, incluso con ingresos adicionales (reformas tributarias), hay un problema estructural.
Ninguna familia puede vivir gastando más de lo que gana; las deudas se vuelven impagables. Usar tarjetas de crédito para pagar el mercado y servicios porque el salario no alcanza es insostenible. Lo mismo aplica a un país: los ingresos deben poder cubrir los gastos. A eso es lo que se refieren los economistas como sostenibilidad fiscal o disciplina fiscal. La disciplina fiscal es esencial para el crecimiento, la estabilidad política y la confianza social.
El déficit y la deuda no son simples cifras: muestran la capacidad de un país de pagar con sus recursos sus gastos. En 2024, el déficit fue del 6,7% del PIB (2,4 puntos porcentuales (p.p.) más que en 2023) y la deuda del 59,3% (5,9 p.p. más que en 2023), rompiendo la senda de ajuste lograda entre 2021 y 2023. Más grave aún, en 2025 se suspendió temporal hasta 2027 la regla fiscal, que es la norma que obliga a la disciplina fiscal. Enviando la señal de que este Gobierno no realizaría los ajustes fiscales requeridos.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, en su informe de abril, fue contundente: sin medidas estructurales, la sostenibilidad fiscal seguirá en riesgo. En agosto, el Carf emitió un concepto desfavorable sobre el presupuesto de 2026, advirtiendo un faltante de 39,4 billones de pesos. Es más, cuestionó que el presupuesto no hubiese seguido el plan financiero que se había publicado un mes atrás, mostrando un mayor gasto. Esto erosiona la credibilidad de la planeación fiscal de la administración. Manda la señal que no hay disciplina fiscal.
El Fondo Monetario Internacional, en su reporte del 29 de septiembre, refuerza la alarma. Sus estimaciones muestran que un aumento del déficit fiscal en un punto del PIB eleva la inflación en 0,3 puntos porcentuales.
El vínculo entre déficit fiscal e inflación es claro. Y sabemos que sin disciplina fiscal, la política monetaria del Banco de la República pierde efectividad, las tasas de interés se mantienen altas y la inversión privada se contrae.
La sostenibilidad fiscal no es solo un asunto de economistas. Un déficit desbordado significa menos recursos para educación, salud y programas sociales.
Una deuda creciente implica que cada peso que se destina a pagar intereses es un peso menos para atender necesidades ciudadanas. La falta de disciplina fiscal afecta la estabilidad política, porque mina la capacidad del Estado de cumplir sus promesas.
El país necesita retomar el sendero de disciplina fiscal. Ajustar el gasto, fortalecer el recaudo y recuperar la regla fiscal como pacto intergeneracional es indispensable.
Lo que está en juego no es solo la estabilidad macroeconómica, sino el bienestar de las próximas generaciones. La disciplina fiscal es un principio ético y constitucional. Sin ella, todo lo demás se derrumba como un castillo de naipes.
*Profesor del Departamento de Economía, Universidad Icesi