La fragilidad financiera de miles de hogares colombianos quedó al desnudo en 2025. Un total de 18.749 personas se declararon en quiebra a través de solicitudes de insolvencia de persona natural, un salto de 79 % frente a 2024 que constituye el mayor incremento de la última década.
El dato, más allá de su magnitud, funciona como una señal de alerta sobre la creciente dificultad para sostener obligaciones y renegociar deudas sin acudir a un proceso formal.
Las cifras hacen parte de un análisis elaborado por la firma Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, una fintech especializada en consultoría para personas naturales, que cruza información del Ministerio de Justicia, notarías y herramientas de inteligencia artificial con datos de más de 20.000 clientes propios. El objetivo: dimensionar el deterioro del bolsillo y entender por qué la insolvencia se está convirtiendo en un recurso cada vez más frecuente.
El estudio sugiere que el repunte no responde a un choque puntual, sino a una combinación de factores estructurales. El desorden financiero aparece como la principal causa de quiebra, seguido por el trabajo informal o el desempleo. A esto se suman la mala educación financiera, los emprendimientos fallidos y otros elementos que revelan distintas vulnerabilidades en los hogares. El resultado es un cóctel que limita la capacidad de pago y empuja a las personas a buscar amparo en la ley de insolvencia.
“Es el incremento de insolvencias en personas naturales más alto en la última década y representa la urgente necesidad que tienen los colombianos de acceder a educación financiera. Pero también refleja el impacto que tiene el aumento de la informalidad en el bolsillo de las personas”, explica Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, con una lectura que apunta tanto a la prevención como al mercado laboral.
La radiografía de quienes acudieron a este mecanismo en 2025 muestra que el fenómeno no se concentra en un solo perfil. Del total de personas declaradas en quiebra, el 58,1 % fueron hombres y el 41,82 % mujeres. En cuanto al estado civil, el 42,86% se declaró soltero, mientras que el 57,14% dijo estar casado o en unión libre, un dato que sugiere que la presión financiera atraviesa distintos tipos de hogares y responsabilidades familiares.
Otro hallazgo preocupante está en el resultado de las negociaciones con los acreedores. La mayoría de los procesos no logró cerrar acuerdos: solo el 32,86 % alcanzó arreglos, frente a un 67,14% que no consiguió un consenso. Para los autores del estudio, este comportamiento refleja un endurecimiento de las condiciones financieras o una menor capacidad de los hogares para proponer planes de pago viables dentro del marco legal.
Benítez subraya que se trata de un deterioro frente a años anteriores. “Este es el peor año en cuanto a la cantidad de acuerdos logrados por las personas en la ley de insolvencia. Hace cuatro años el 60 % de los casos llegaban a acuerdos y el año pasado esa cifra se redujo a la mitad”, señala, al advertir que el problema no es solo cuántos entran al sistema, sino cuántos logran salir.
En el mapa regional, Bogotá lidera el número de insolvencias, con 5.425 solicitudes en 2025, seguida por Antioquia (4356) y Valle del Cauca (2604). Sin embargo, el crecimiento más acelerado se registró en Atlántico, donde las solicitudes aumentaron 218,73 % frente a 2024.
Antioquia y Norte de Santander también mostraron alzas superiores al 120 %, confirmando que la quiebra personal ya no es un fenómeno aislado, sino un síntoma extendido de las tensiones económicas que enfrentan los hogares colombianos.