En un fuerte pronunciamiento emitido este 30 de abril de 2026, Asofondos hizo un llamado urgente a las instituciones para cumplir el marco legal vigente y frenar el traslado anticipado de recursos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones. Según el gremio, el Decreto 415 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional, contraviene lo dispuesto por el Congreso de la República en la reciente reforma pensional.
La controversia radica en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, el cual establece la “oportunidad de traslado” para afiliados a quienes les falten menos de 10 años para pensionarse. Asofondos sostiene que esta ley es clara: los recursos de quienes decidan trasladarse deben permanecer bajo administración de las AFP hasta que el derecho pensional se consolide efectivamente.
“El Congreso estableció una regla clave en su artículo 76: los recursos acumulados en el régimen de ahorro individual no se trasladan automáticamente ni de forma anticipada a Colpensiones pues su destino es el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo″ dijo la entidad en un comunidado.
El gremio argumenta que el propio Gobierno, en el Decreto 1225 de octubre de 2024, ya había ratificado que los ahorros no se trasladan de inmediato al régimen público. Por el contrario, deben ser custodiados por las AFP hasta que la mesada sea pagada por Colpensiones y se cree el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que será administrado por el Banco de la República.
“El pretendido traslado anticipado de recursos desde los Fondos de Pensiones Privados hacia el régimen público, en los términos planteados recientemente por el Gobierno, contradice lo dispuesto por el Congreso y el mismo Gobierno Nacional”, señala el comunicado de Asofondos, destacando que incluso la Corte Constitucional, en su Auto 841 de 2025, mantuvo vigente la obligatoriedad de que los recursos permanezcan en las administradoras privadas.
Advertencias de organismos de control
Asofondos también indicó que varias entidades han alertado sobre los riesgos de modificar esta regla. Entre ellas, la Procuraduría General de la Nación advirtió que los recursos pensionales tienen una protección reforzada y que cualquier traslado debe preservar el interés del afiliado.
En la misma línea, la Contraloría General de la República señaló posibles riesgos fiscales y de sostenibilidad si se alteran las condiciones actuales, incluyendo un eventual aumento del pasivo pensional del Estado.
Por su parte, el Banco de la República ha advertido que cambios de este tipo podrían tener implicaciones en la estabilidad financiera y en los mercados locales, debido al papel de los fondos en la inversión en deuda pública.
El gremio indicó que cerca de 120.000 colombianos han hecho uso de la oportunidad de traslado hacia Colpensiones.
De ellos, aproximadamente 100.000 son cotizantes activos con aportes cercanos a $690.000 millones, mientras que alrededor de 20.000 son pensionados, cuyas mesadas anuales suman cerca de $450.000 millones.