Fondos privados de pensiones demandaron decreto que ordena traslado de $25 billones a Colpensiones: piden su suspensión

Ante el Consejo de Estado, los fondos privados de pensiones Skandia, Colfondos, Protección y Porvenir presentaron una demanda con la que buscan frenar el traslado de $25 billones a Colpensiones, recursos correspondientes al ahorro de cotizantes que migraron del régimen privado al sistema público.

La acción judicial también solicita la suspensión provisional de las medidas contenidas en el decreto que ordena el movimiento de dichos recursos, mientras el alto tribunal estudia de fondo la legalidad de la disposición.

Según expusieron las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), los recursos deberían continuar bajo su administración hasta el momento en que cada afiliado acceda a la pensión y no ser enviados de forma anticipada a Colpensiones.

Dentro del cronograma fijado en el decreto, los fondos privados tendrían que trasladar el próximo 14 de mayo cerca de 5 billones de pesos correspondientes a personas que ya estarían en condición de pensionarse.

Posteriormente, el saldo restante, calculado en alrededor de $15 billones, debería ser consignado a más tardar el 5 de junio.

Los demandantes también manifestaron que la medida afectaría a quienes permanecieron en el régimen privado, al considerar que disminuiría el ahorro disponible para financiar pensiones futuras.

Adicionalmente, sostuvieron que la decisión incrementaría la carga fiscal para el Estado, al elevar el pasivo pensional en más de $43 billones, según argumentaron en el recurso.

Este nuevo proceso se suma a otra demanda que ya cursa en el Consejo de Estado y que fue promovida por el abogado Jesús Hernando Baena Álvarez, profesional con experiencia en temas laborales y de seguridad social en Medellín.

Dicho recurso ya fue admitido por el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, integrante de la Sección Segunda del alto tribunal, instancia que deberá continuar con el trámite correspondiente.

Salgado expuso el eje de su recurso en diálogo con El Tiempo. “Nosotros demandamos ese decreto porque es ilegal e inconstitucional, porque está montado sobre el artículo 76 de la reforma pensional (…) pero al mirar uno de los parágrafos del artículo 76 dice que esos recursos serán trasladados a Colpensiones, pero para aquellas personas que cumplieron con los requisitos de pensión”, afirmó.

El jurista sostuvo que el Ejecutivo está mezclando dos figuras jurídicas distintas: el traslado de afiliados entre regímenes pensionales y el traslado efectivo de los recursos. Según su lectura, una cosa no implica la otra y el dinero solo debería moverse cuando el cotizante consolide su derecho a pensionarse.

Así las cosas, el proceso será de única instancia y los ministerios de Hacienda y de Trabajo, junto con la Procuraduría General y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, tienen 30 días para responder y aportar el expediente administrativo del decreto.

*Con información de Colprensa.