Prosperidad Social puso en marcha el programa Inclusión Financiera para la Economía Popular, el cual busca fortalecer el acceso al crédito de los sectores agropecuarios y no agropecuarios, reforzando su capital de trabajo, las capacidades técnicas y el desarrollo de proyectos empresariales o productivos.
El programa se desarrolla en alianza con el Banco Agrario y el Fondo Nacional de Garantías (FNG).
Este ofrecerá a los beneficiarios créditos de hasta 80 SMMLV, equivalentes a 140 millones de pesos para la vigencia 2026, con tasas de interés preferenciales.
El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez, señaló que también habrá una compensación del 14% del valor del capital del crédito desembolsado por el buen hábito de pago de los beneficiarios, el desarrollo de los módulos de educación económica y financiera, y la debida implementación del plan de inversión.
Así mismo, con el FNG se generará una garantía que cubre el 90% del valor del crédito, sin ningún costo para el solicitante.
Será Prosperidad Social quien asumirá el pago de la comisión de esa garantía.
Al convenio (413 FIP 2025) suscrito con el Banco Agrario, Prosperidad Social aporta recursos por hasta 37.500 millones de pesos para aplicar compensaciones a los créditos, para incentivar la inversión, la cultura de pago, y sobre todo para promover la educación económica y financiera para las unidades productivas asociativas.
“El proyecto de este gobierno reconoce que la economía popular es fundamental para la inclusión social, la dinamización de los mercados locales y la reconstrucción del tejido social”, dijo el director de la entidad.
Datos para tener en cuenta
Pueden inscribirse al programa las unidades productivas asociativas conformadas por mínimo tres personas, de las cuales el 61 % debe ser población a la que está dirigida la atención de Prosperidad Social.
Es decir, colombianos en situación de vulnerabilidad y pobreza que se encuentren catalogados en los grupos del Sisbén IV: A01 al A05, B01 al B07 y C01 al C08.
Así como también colombianos inscritos en el Registro Único de Víctimas (RUV), con estado incluido y reportado por la Unidad para las Víctimas, con hecho victimizante desplazamiento forzado.
Y de igual manera la población de las comunidades y resguardos indígenas certificada en la información censal avalada por el Ministerio del Interior.
Los participantes deben tener presente que el formulario de inscripción estará disponible hasta agotar los recursos asignados.
Para poder participar, deberán diligenciar el formulario de inscripciones RIT por parte del representante legal de la unidad productiva asociativa (UPA).
Además, debe anexar el documento de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente, allegar el Registro Único Tributario (RUT) y la copia de la cédula del representante legal.
Deberá presentar la certificación de número de los asociados suscritos por el representante legal o revisor fiscal, así como el listado con los nombres completos y números de cédula de los asociados para ser incluidos en el formulario de inscripción.