En las últimas horas se prendieron las alertas nuevamente en el fútbol profesional colombiano, en el cual la representante a la Cámara por el partido Verde, Catherine Juvinao, hizo una denuncia pública por una posible cartelización del fútbol femenino y que estaría bajo la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Según la congresista, la Liga tendría algunos topes salariales y contratos cortos de 2 o 3 meses por el derecho de imagen, por lo que los equipos podrían terminarlos en corto tiempo en caso de ser eliminados del torneo. También acusó a los directivos de machistas porque vulneran derechos de las jugadoras.

Catherine Juvinao, representante a la Cámara por el partido de Alianza Verde.

“El señor Jaramillo (Fernando) de la Dimayor falta a la verdad cuando dice que no existen topes salariales para las jugadoras femeninas en Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene un material probatorio bastante contundente y que evidencia acuerdos entre Dimayor y los clubes”, expresó Juviano en una intervención.

Respecto a ello, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, respondió la acusación diciendo que ”devolvimos el dinero, porque no teníamos en qué gastarlo y tenemos que demostrar por qué lo hicimos. Nosotros hemos venido trabajando el patrocinio durante los últimos cinco años y ha sido muy complejo”.

“Catherine Juvinao menciona un caso, que me imagino cuál es, pero la que sí, se acercó es una empresa de comunicaciones, que nos dijo aquí hay un dinero, pero las condiciones son estas, condiciones que no aceptamos porque incluían condiciones laborales de los clubes que no podemos aceptar desde el punto de vista del salario mínimo”, dijo el dirigente.

Fernando Jaramillo, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor). | Foto: Colprensa - Mariano Vimos

Jaramillo también mencionó que han venido apoyando de la mejor forma el fútbol femenino en Colombia para que tenga una correcta evolución y que los salarios no son fijos, ya que van desde los 10 hasta los 20 millones de pesos, por lo que considera injusta la investigación.