En un nuevo capítulo de la controversia que rodea la gestión patrimonial del país, el Juzgado 24 de Familia de Bogotá ordenó al Museo Nacional conservar de forma estricta todas las piezas retiradas de sus exposiciones. La medida provisional prohíbe de manera tajante destruir, trasladar o modificar dichos elementos mientras la justicia resuelve de fondo una acción de tutela presentada por posibles vulneraciones a los derechos de memoria histórica, verdad, reparación simbólica y libertad de expresión artística.
La orden judicial se da luego de la admisión de un recurso de amparo interpuesto por Gabriel Becerra Yáñez (secretario general de la Unión Patriótica), Jorge Virviescas (colectivo León Zuleta) y Kevyn Muñoz Torres (colectivo Revolución en Rosa). La acción legal busca frenar y esclarecer la polémica desatada por el desmonte de más de 30 elementos museográficos, entre los que destaca el microperforado instalado en el jardín del museo en memoria de Miguel Ángel Díaz.
Como mecanismo de protección temporal, el juzgado también prohibió a la entidad retirar, desmontar o intervenir cualquier otra obra por su contenido, a menos que existan actos administrativos formales y plenamente justificados. Asimismo, exigió al museo garantizar condiciones óptimas de custodia y congelar todos los archivos relacionados con estos movimientos, incluyendo correos electrónicos, guiones museográficos e inventarios.
El fallo impone un estricto ultimátum de 24 horas para que las directivas del Museo Nacional entreguen un informe detallado con el inventario de las piezas retiradas, su ubicación actual, estado físico y el nombre de la autoridad que firmó la orden.
El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y las directivas de la institución cuentan con un día hábil para responder al requerimiento judicial. Finalmente, se ordenó a la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación de Bogotá notificar de inmediato a las organizaciones LGBTIQ+ y colectivos feministas para garantizar su participación en el proceso.
La retirada de estos elementos fue catalogada por los demandantes como un acto de censura institucional que buscaba invisibilizar las luchas de colectivos históricamente vulnerados, como la Unión Patriótica y la comunidad LGBTIQ+, debilitando el rol del museo como un espacio de reparación simbólica y diálogo democrático.
Con información de Colprensa