Hace ocho años el Gobierno Nacional inició la política de control de precios de medicamentos en el país y a la fecha hay 2487 presentaciones comerciales con costos regulados.

Los resultados para el ministro de Salud (e), Iván Darío González, saltan a la vista, pues solo este año el sistema de salud se ahorraría $1,2 billones.

Pero ¿qué tanto se han beneficiado los colombianos con esa medida? La política de control de precios se creó con el objetivo de reducir el gasto en salud del Gobierno por las altas cifras que tiene que pagar el Estado por los medicamentos de alto costo que no hacen parte del Plan de Beneficios en Salud (PBS). Además de bajar ese gasto, otra consecuencia esperada era que algunos productos también disminuyeran de precio para el consumidor final.

El sistema funciona así: los laboratorios fabrican un medicamento y lo venden al distribuidor en Colombia a $80. Este comercializa el producto en el canal institucional (EPS, hospitales y clínicas) al valor máximo que fija el Gobierno, que para el ejemplo serán $100. Pero los distribuidores también venden esa medicina a los minoristas, es decir a las farmacias (aquí el precio no está regulado). Estas lo pueden vender en $110 o $150.

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En la resolución que salió esta semana, y que controla el costo de 770 productos, se logró bajar 49 %, en promedio, el valor que pagan los mayoristas por esas medicinas. Es decir lo que gastan las EPS, las clínicas o los hospitales cuando compran los fármacos que le entregan al afiliado.

Norman Maldonado, director del Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud, Proesa, considera que con la política de precios “hemos ganado todo”, porque las EPS, al tener un precio máximo en el mercado pueden negociar con los laboratorios o importadores. “Esto debería generar ahorros a las EPS para que puedan desarrollar otras actividades, como gestión del riesgo de sus afiliados”.

Agregó que sí ha habido un efecto directo en los precios. “Hay medicamentos que han reducido su valor hasta en 60%, como es el caso de algunos anticonceptivos. Esto se percibe en el bolsillo de los usuarios”.

Sin embargo no existen investigaciones globales que indiquen qué tanto la política nacional ha tocado el gasto de bolsillo de los colombianos y tan solo hay estudios particulares como el que está realizando la Universidad de Los Andes, específicamente sobre el valor de los anticonceptivos.

Tatiana Andia, investigadora de esta institución, explicó que en principio los consumidores no veían la reducción en el costo de las medicinas porque las primeras resoluciones del Gobierno estuvieron enfocadas en productos de alto costo de uso hospitalario.

Por ejemplo, han bajado los precios de fármacos para el cáncer, diabetes, terapia cardiaca, enfermedades respiratorias, entre otras patologías, pero generalmente los pacientes no van a comprar estas medicinas a las droguerías porque las EPS se las suministran; y son ellas las que las adquieren de los distribuidores.

Pero resaltó la investigadora que en las dos circulares más recientes sí se incluyeron medicinas que tocan el bolsillo de los hogares colombianos.

En el caso de los anticonceptivos, considera que la reducción de precio fue “dramática”. “Lo que hemos visto es que en este caso el ahorro llegó al consumidor, pues de $70.000 que costaba un anticonceptivo, se pasó a $20.000 tanto en grandes cadenas de farmacias como en las de barrio”, destacó. En la investigación que realiza la Universidad de Los Andes se encontró que la demanda por estos fármacos aumentó y que los precios se han mantenido bajos.

Esto lo confirma Andrea García, quien antes compraba las pastas de la marca Qlaira en $89.000 y hoy se venden en $27.000.

Lo mismo sucedió con varias referencias de gotas para control de la presión ocular como Lumigan que hoy cuestan $22.000 y hace dos años valían cerca de $90.000.

En la más reciente circular del Ministerio de Salud se incluyó Premarin, que son estrógenos conjugados. El valor máximo fijado por el Gobierno es de $12.126 al canal mayorista para 28 tabletas. En una consulta por internet realizada el viernes por El País se encontró que este producto aún se vende a más de $60.000. Es decir que su precio no se ha actualizado.

Maritza Gómez recuerda que la marca de estrógenos que compra vale $58.000 y que sería de gran ayuda comprar ese producto en $12.000 como se plantea, porque ese gasto lo tiene que hacer cada mes.

Asimismo para el Efexor, una medicina para la depresión, se fijó un costo mayorista de $11.613 para 14 cápsulas de 75 mg. En las farmacias aún no baja su valor y estaba el viernes en $97.200, 10 cápsulas de 75 mg.
El Aprovel, que se usa para la hipertensión, bajó de precio el año pasado a $17.000; hoy vale entre $10.000 y $34.000, dependiendo de si es de 150 mg o de 300 mg. Pero antes del control de precios costaba hasta $140.000.

¿Qué sigue?

Gustavo Morales, presidente de Acemi (gremio que agrupa a las EPS), destacó dos puntos de las medidas de control de precios: la continuidad en la política que implementó el Gobierno pasado y que mantiene el actual; y el ahorro alcanzado por el Estado, que paga por los medicamentos que no están en el Plan de Beneficios en Salud y para las EPS que compran las medicinas que entregan a los afiliados.

Pero considera que llegó la hora de revisar la metodología y la posibilidad de regular toda la cadena, pues hoy en día se fija el valor al mayorista, pero no para el minorista (farmacias). “El consumidor final se ha beneficiado, pero podría ser más si también se controla el precio en droguerías”, dijo.

José Luis Méndez, presidente de Asinfar, afirmó que se le ha pedido al Gobierno tener en consideración la diferenciación de canales (institucional: pagado con recursos de la Nación; y comercial: cubierto por recursos de bolsillo de la población), buscando comparar precios en cada canal.

“Esto no ha sido acogido por los técnicos del Gobierno, sin embargo la industria ha estado siempre dispuesta a colaborar con la transparencia y validación de las bases de datos consultadas por ellos”.

Este ejecutivo está de acuerdo en la necesidad de revisar la metodología que se usa para fijar el tope de precios y diseñar una nueva en “la que los ganadores seamos todos, no los unos o los otros. Por ese motivo, cada actor válido del sistema sería el más indicado para decir si hasta ahora ha perdido o ha ganado, en el entendido que todos trabajamos por el beneficio de los pacientes, de la población y de la salud de los colombianos”.

En este momento, el Gobierno está recibiendo comentarios sobre la nueva metodología que está diseñando para fijar los precios de medicamentos.

Pero el director de Proesa recordó que no se puede perder de vista el objetivo de la política de regulación de precios, que es reducir el gasto en medicamentos y en salud del Estado, propósito que considera no se ha alcanzado del todo.

“El gasto en medicamentos sigue poniendo en problemas la sostenibilidad del sistema de salud colombiano”, dijo. Esto por varias razones:

-Ingreso al país de nuevos fármacos cada vez más costosos.
-Más solicitudes de productos que no están en el Plan de Beneficios.
- Mayores ventas y una política de regulación reactiva (primero se identifican que estamos gastando mucho en X medicamento, luego se revisa el precio y luego se regula, este proceso toma tiempo).
Es así como en el primer semestre del 2019 el gasto del país en tecnologías y medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud creció en 11 %.