La Zona Franca Palmaseca S.A. emitió un comunicado oficial en el que respondió de manera categórica a las recientes afirmaciones realizadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, quien la mencionó en medio del cruce de declaraciones que sostiene con la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, por la situación de orden público y la presencia histórica del narcotráfico en el departamento.
El pronunciamiento del usuario operador de la Zona Franca se dio luego de que el mandatario nacional asegurara, a través de su cuenta en la red social X, que presuntamente contrabandistas estarían utilizando mecanismos del Plan Vallejo, como los CERT y los NIT de exportadores, para ingresar mercancía ilegal al país, señalando como base de esas operaciones a la Zona Franca Palmaseca, y vinculando también estas supuestas actividades con el uso del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y el puerto de Buenaventura.
Frente a estas declaraciones, la entidad fue enfática en aclarar que, “las Zonas Francas y las operaciones reguladas bajo el régimen franco son procedimientos distintos y ajenos al Plan Vallejo; cualquier vinculación entre ambos regímenes no se sostiene jurídicamente ni fácticamente”.
La Zona Franca Palmaseca, aseguró que hasta el momento no ha recibido notificación alguna que respalde las acusaciones hechas por el presidente. “Hasta la fecha Zona Franca Palmaseca no ha sido notificada de requerimiento judicial o administrativo alguno que valide las graves imputaciones realizadas”, señala el comunicado, en el que también se solicita que, de existir investigaciones, estas se adelanten por los canales institucionales correspondientes.
“Requerimos que, si existen investigaciones, se presenten pruebas y procedimientos oficiales antes de formular acusaciones públicas que dañan nuestra reputación”, agrega el texto.
En el documento también se resalta que en la Zona Franca Palmaseca tienen sede empresas formales que generan empleo y aportan al recaudo de impuestos, desarrollando sus actividades dentro del marco de la legalidad y la sana competencia.
La organización recordó que cuenta con más de 30 años de trayectoria como usuario operador y que, como resultado de su desempeño, el Gobierno Nacional le adjudicó en septiembre pasado un nuevo contrato para operar la zona franca por un periodo adicional de 30 años, tras un proceso de selección ajustado a la normatividad vigente.
De igual manera, se enfatizó que las operaciones bajo su administración se realizan en estricto cumplimiento de las normas que regulan el régimen franco en Colombia, las cuales han sido verificadas de manera constante por el Estado.
La Zona Franca indicó que dispone de protocolos, sistemas de control y mecanismos de supervisión orientados a garantizar la legalidad y la trazabilidad de las actividades de sus usuarios.
“La operación de la Zona Franca bajo su administración se desarrolla en estricto cumplimiento de las normas que regulan el régimen franco en Colombia, protocolos, sistemas de control y mecanismos de supervisión orientados a garantizar la legalidad de las operaciones, y la trazabilidad de las actividades que realizan sus usuarios”.
Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso con la transparencia, la legalidad y la cooperación con las autoridades competentes, al tiempo que exigió respeto por su nombre y el de las empresas vinculadas. En el comunicado, también dejó abierta la posibilidad de ejercer acciones legales para proteger su imagen y su patrimonio.
Esta respuesta se produce en un contexto de creciente tensión entre el presidente Petro y la gobernadora Dilian Francisca Toro, luego de que el mandatario señalara la persistencia del narcotráfico en el Valle del Cauca y cuestionara presuntos vínculos entre la mafia y la política en la región, declaraciones que han avivado el debate nacional sobre seguridad, institucionalidad y responsabilidad política en el departamento.