Procuraduría indaga presuntas irregularidades en contrato de brazaletes electrónicos de la USPEC

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), con el fin de esclarecer posibles faltas disciplinarias en el contrato de brazaletes electrónicos de monitoreo para detenidos, adjudicado en 2025 a la Unión Temporal Utefectiva.

“Según la queja, el bilateral suscrito en el 2025 se habría adjudicado a dedo,con ocultamiento de fallas técnicas y operativas por parte de funcionarios de la USPEC y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)“, indicó la Procuraduría en su comunicado.

Estos habrían ocultado fallas técnicas y operativas en el sistema de monitoreo, además de permitir pagos irregulares por parte de la empresa Prepacol, cercanos a los $1.500 millones, pese a que no se habrían cumplido las obligaciones contractuales además de no cumplir lo contratado, y tener conflictos de interés con la interventora.

En ese contexto se pondría en duda la imparcialidad en la supervisión del contrato. La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas para identificar a los posibles responsables, verificar la manipulación de informes y determinar si estos hechos configuran faltas disciplinarias que afecten la correcta administración de los recursos públicos.

El ente de control también enfatizó que su actuación busca garantizar la transparencia en la contratación estatal y proteger los recursos destinados a la seguridad ciudadana. En este sentido, recordó que los contratos relacionados con el sistema penitenciario y carcelario tienen un impacto directo en la confianza institucional y en la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.

“Ordenó la práctica de pruebas para identificar posibles responsables,verificar supuestas irregularidades como la manipulación de informes y determinar si estos hechos configuran faltas disciplinarias", explicó la entidad de control.

Asimismo, la investigación se enmarca en los esfuerzos del Ministerio Público por reforzar los mecanismos de vigilancia sobre la contratación pública, especialmente en sectores sensibles como el penitenciario, donde la eficiencia y la legalidad de los procesos son esenciales para garantizar el orden y la seguridad.

“El Ministerio Público reitera su compromiso de velar por la transparencia en la contratación estatal y proteger los recursos públicos destinados a la seguridad ciudadana”, concluyó la Procuraduría.

Más indagaciones activas

Dentro sus investigaciones, la Procuraduría General de la Nación ordenó la indagación previa por presuntas fallas en contratos del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) suscritos en el 2023 y gestionados por el Ministerio de Transporte en Santa Marta (Magdalena).

De acuerdo con los hallazgos reportados por la Contraloría, a pesar de haberse pagado más del 90 % de su valor, a junio de 2025 no se evidenció la puesta en marcha de los equipos tecnológicos contratados por más de $ 21.800 millones para el Sistema de Recaudo Centralizado, Control de Flota e Información al Usuario.