La defensa del congresista Wadith Manzur radicó una solicitud con la que pretende que la Corte Suprema de Justicia le autorice salir del lugar de reclusión en el que se encuentra, para posesionarse como nuevo senador de la República este 20 de julio.
La solicitud fue presentada por su nuevo abogado Víctor Mosquera ante la Sala Especial de Primera Instancia y pretende que Manzur esté todo el tiempo acompañado por las autoridades.
“Observamos con preocupación que la medida de aseguramiento actualmente vigente tenga el potencial de impedir el ejercicio efectivo de los derechos políticos del senador electo y de afectar la voluntad democrática expresada por más de 134.000 ciudadanos que respaldaron su elección”, explicó el nuevo abogado.
Manzur participó en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y obtuvo 134.914 votos, lo que lo posicionó como el séptimo candidato más votado del país y el tercero del Partido Conservador, con lo que obtuvo su curul en el Senado para el período 2026-2030.
Su desempeño incluyó 6.326 votos en Uribia (La Guajira), municipio distante de su base política en Córdoba, en medio de alertas previas sobre patrones atípicos de votación en esa zona.
Tres días después de los comicios, la Corte dictó la medida de aseguramiento privativa de la libertad, en el marco de las investigaciones por corrupción en la UNGRD.
Otros cinco congresistas hacen parte de ese mismo entramado judicial, se trata de Karen Manrique, Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.
El caso comenzó a tomar carácter público en febrero de 2024, cuando se hicieron denuncias sobre sobrecostos y falta de operatividad en la compra de 40 carrotanques por $46.800 millones, para suministrar agua en La Guajira.
Posteriormente, Sneyder Pinilla, ex subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, confesó la existencia de un sistema de pago de coimas, con la participación de altos funcionarios y congresistas.
De acuerdo con el expediente, los hechos bajo análisis habrían ocurrido en el segundo semestre de 2023, cuando Manzur hacía parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP). Según la investigación, el congresista habría aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito externo.
La Corte Suprema señaló que “en varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en Córdoba, Arauca y Bolívar”.