“Por ahora, el traslado de estos cabecillas está suspendido”, con esta frase, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, confirmó que el Gobierno Nacional frenó el pedido de reubicar a integrantes de las estructuras criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, a cárceles en Barranquilla.
El mensaje lo dio acompañado de un fuerte cuestionamiento hacia el alcalde Alejandro Char, quien varias horas antes había publicado una extensa nota en su cuenta de X, responsabilizando al Gobierno Nacional por las posibles consecuencias que podrían derivarse de esta medida.
“En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”, mencionó Char en su mensaje.
Ante esto, el Ministro pidió al Alcalde que no tergiversara las cosas. “Aquí no hay “premios”, hay resultados frente a una crisis que su administración no logró contener. El Gobierno Nacional asumió decisiones difíciles para frenar el desangre y logró que, a través de diálogos de paz, ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ acordaran una tregua".
Dicha tregua, según reveló, permitió reducir un 57% los homicidios y un 84% la extorsión a finales de 2025, según el Ministerio de Defensa. Esto sumado a una ofensiva policial sostenida.
“El desangre entre bandas en Barranquilla se salió de su control, y las cifras lo demuestran: cuando usted asumió, el 2024 cerró como el más violento en 20 años, con 487 homicidios, y la extorsión ya venía disparada 458% entre 2021 y 2023. Las cifras de la Policía no son opinión, y su discurso no las cambia”, cuestionó Idárraga.
En su mensaje, Char mencionó que en la ciudad se había hecho inversiones en seguridad por más de 150.000 millones de pesos.
Y al parecer ante esto el Ministro reaccionó: “El Gobierno nacional asumió los problemas que usted no ha podido controlar incluso con millonarios recursos. Por favor respóndale a los barranquilleros: ¿Qué pasó con los 78.000 millones de pesos del impuesto a la seguridad que pagan los atlanticenses y que controla la Alcaldía de Barranquilla? Es casi la mitad del recaudo del departamento, y con esa plata, la ciudad llegó a sus peores cifras de violencia en 20 años.“.
Añadiendo “la pregunta es simple y no admite discursos ¿Cómo le responde a “las madres que han perdido a sus hijos?”.
Para MinJusticia, este tipo de situaciones merece una coordinación institucional entre el Inpec, la Policía Nacional y las autoridades locales como la Alcaldía de Barranquilla, y autoridades del Atlántico, para garantizar vigilancia estricta y control permanente.
“La prioridad es una sola: proteger a la ciudadanía, una búsqueda de paz con resultados y cero contemplaciones con quienes sigan sembrando miedo en Barranquilla”, insistió.