Las negociaciones de paz entre los representantes del Gobierno de Gustavo Petro y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Cneb, en los departamentos de Nariño y Putumayo, al sur de Colombia, tendrán una suspensión de seis días.
Así lo confirmó Armando Novoa, jefe negociador del Ejecutivo al sostener que la pausa obedece a una consulta interna entre ambas delegaciones sobre temas neurálgicos que se abordan en la mesa.
La breve suspensión del proceso se produce tras la finalización del séptimo ciclo de diálogos en el resguardo indígena de Inda Zabaleta, zona rural del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño.
De igual manera el Jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz negó que el Ejecutivo haya incumplido compromisos en el proceso de negociación con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, luego de que ese grupo señalara presuntas fallas en la implementación de algunos acuerdos.
Novoa aseguró que, como ocurre en este tipo de procesos, pueden presentarse diferencias de percepción o de interpretación sobre los compromisos alcanzados, pero sostuvo que el Gobierno mantiene su disposición de avanzar con claridad en los puntos más sensibles de la agenda.
Según explicó, uno de los temas centrales es la creación de zonas de ubicación temporal en los departamentos de Nariño y Putumayo, considerados puntos neurálgicos dentro de la negociación. El delegado del Gobierno señaló que estas decisiones deben tomarse con cuidado para evitar medidas apresuradas que puedan afectar el desarrollo de la mesa de conversaciones.
“En este tipo de negociaciones siempre hay diferencias de percepciones e interpretaciones. Necesitamos claridad en asuntos muy sensibles para no tomar decisiones precipitadas que puedan poner en riesgo los avances del proceso”, explicó Novoa.
El funcionario destacó que en paralelo a las conversaciones se han registrado avances en el programa de sustitución de cultivos ilícitos, especialmente en Putumayo, donde más de 10.000 familias han firmado acuerdos para reemplazar economías ilegales por proyectos productivos. En Nariño, añadió, también se registran progresos en la implementación de estas iniciativas.
De acuerdo con el Jefe de la delegación gubernamental, en ambos territorios se han logrado resultados en materia de seguridad, con una reducción de homicidios durante 2025 y en lo que va de 2026. Además, confirmó que ya se creó una zona de ubicación temporal en Putumayo y que el objetivo es avanzar en una medida similar en Nariño.
Novoa también resaltó el reciente acercamiento con comunidades indígenas del resguardo de El Zafaleta, en zona rural de Tumaco, quienes ofrecieron colaborar en un programa de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos.
Según explicó, las comunidades se comprometieron a intervenir cerca de 500 hectáreas en un plazo aproximado de una semana, una iniciativa que el Gobierno considera inédita dentro de los procesos de sustitución y transformación territorial.
El delegado señaló que este tipo de propuestas reflejan una alianza entre el Estado, las mesas de diálogo y las comunidades, orientada a impulsar la sustitución de cultivos ilícitos y promover cambios estructurales en las regiones más afectadas por el conflicto y las economías ilegales.
“El ofrecimiento de las comunidades hace parte de la alianza entre el Estado, las mesas de diálogo y las comunidades para avanzar en la sustitución y erradicación de cultivos ilícitos y en las transformaciones territoriales”, explicó.
Frente a los cuatro meses y medio que restan del gobierno de Gustavo Petro, Novoa aseguró que existen varios acuerdos ya estructurados que podrían concretarse en ese periodo.
Entre ellos mencionó la puesta en marcha de acuerdos parciales que sirvan como base para un acuerdo definitivo, la activación de las zonas de ubicación temporal, el cumplimiento de metas en sustitución de cultivos y una hoja de ruta para la reducción de la violencia en los territorios.
Según el delegado, si el proceso avanza con eficacia, podría dejar resultados importantes para las regiones y para el desarrollo de la política de “paz total”, impulsada por el actual gobierno.
En ese sentido, cuestionó a algunos candidatos presidenciales que han criticado esta política y que, según dijo, han dado por terminado el proceso sin considerar los avances que se han logrado en los territorios.
“Las cifras muestran lo contrario. En Nariño y Putumayo han disminuido de manera importante los homicidios y se están ejecutando programas piloto de sustitución de cultivos”, sostuvo.
Novoa también advirtió que el debate electoral podría girar en torno a la política de paz total, pero señaló que las críticas deben hacerse con base en los resultados reales.
A su juicio, los aspirantes a la Presidencia deberán definir si su propuesta es continuar con mecanismos de negociación y marcos jurídicos para el sometimiento a la justicia o si, por el contrario, se limitarán a responder al problema de la violencia únicamente con operaciones militares.
El funcionario insistió en que cualquier evaluación del proceso debe hacerse con detenimiento y teniendo en cuenta los avances alcanzados en las regiones.
Respecto a las consultas anunciadas por las delegaciones, Novoa explicó que no se trata de un plazo impuesto por la guerrilla, sino de un término prudencial acordado por ambas partes para revisar temas sensibles de la negociación.
Durante este periodo, la delegación del Gobierno realizará consultas con el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, y con el propio presidente Petro, además de otras instituciones del Estado que participan en el proceso.
Una vez finalizadas estas consultas, las delegaciones volverán a reunirse para evaluar los resultados y continuar con las conversaciones.
Finalmente, Novoa expresó su expectativa frente a que en la actual legislatura del Congreso de la República de Colombia se puedan lograr avances en la construcción de un marco jurídico que permita dar mayor seguridad y confianza a los actores involucrados en el proceso de paz.