La emergencia económica del Gobierno Petro desató esta semana un choque institucional sin precedentes en el que, mientras la Corte Constitucional revisa la legalidad de los decretos y la validez de las firmas ministeriales, un bloque de gobernadores desafió al Ejecutivo negándose a aplicar el IVA del 19% a los licores, lo que abrió un escenario de incertidumbre sobre el destino de los dineros recaudados y las posibles consecuencias penales para quienes desobedezcan la orden presidencial.
El enfrentamiento trascendió los discursos políticos y aterrizó en los despachos judiciales. El magistrado Carlos Camargo asumió el estudio del decreto y ordenó una batería de pruebas técnicas que incluyen conceptos de exministros de Hacienda y la verificación del encargo de la exministra Irene Vélez. Sin embargo, en las regiones, la incertidumbre es inmediata: ¿Qué pasa con la plata si el decreto se cae? ¿Deben pagar los ciudadanos hoy un impuesto que mañana podría ser ilegal?
¿Devolución o “efecto a futuro”?
La preocupación central de los contribuyentes radica en el bolsillo. Si un ciudadano paga hoy el IVA ampliado a los licores o el impuesto al consumo, y en un mes la Corte tumba la medida, la recuperación de ese dinero es incierta.
Para Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista, la realidad práctica supera a la teoría jurídica. Aunque reconoció que existen precedentes de modulación de fallos, advirtió sobre la complejidad operativa de un reintegro masivo.
“Devolver el impuesto al consumo sería muy difícil en la práctica, pues se podría alegar eso en inconstitucionalidad ante la Dian, pero son sumas muy pequeñas y es muy engorroso para los responsables empezar procedimientos administrativos”, explicó Charry a Colprensa.
El jurista fue tajante al definir las posibilidades reales del ciudadano de a pie: “Serían casos utópicos y sería muy difícil devolver esos recursos”.
En una línea similar, Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, señaló que la tradición jurídica del alto tribunal suele proteger las finanzas del Estado para evitar un caos mayor.
“Es cierto que, por regla general, los fallos de la Corte tienen efectos a futuro, de manera que lo recaudado y demás no tienen que devolverlo los contribuyentes; lo generado se entiende legalmente generado”, aclaró a esta agencia de noticias Bernate.
Sin embargo, la puerta no está cerrada del todo. El exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, recordó que la historia jurídica del país tiene excepciones notables donde la equidad primó sobre el recaudo.
“Recuerdo mucho el caso de una reforma tributaria del año 1992, en que la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad y también ordenó la devolución de lo ya pagado ante la inequidad de la norma que consagró los impuestos”, rememoró Hernández.
La amenaza del prevaricato
La tensión escaló cuando ministros del despacho advirtieron posibles sanciones penales y disciplinarias contra los gobernadores de Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Santander, entre otros, quienes invocaron la “excepción de inconstitucionalidad” para no aplicar el decreto.
Ante la pregunta de si estos mandatarios, o los comerciantes que sigan sus instrucciones, podrían ir a la cárcel por prevaricato o evasión, Francisco Bernate desestimó la viabilidad jurídica de las amenazas del Gobierno.
“De entrada descartada cualquier situación de prevaricato o de abuso de autoridad”, aseguró el penalista. Para él, la figura legal utilizada por los gobernadores, aunque polémica, tiene asidero: “No se advierte ese deseo, ánimo o intención de tergiversar el contenido de una ley, sino que simplemente son puntos de vista”.
Bernate añadió que, en el caso de los empresarios, la confusión jurídica actual actúa a su favor. “El tema no es penal, aquí el tema es si es procedente una excepción de inconstitucionalidad para no cobrar unos impuestos”, concluyó.
Por su parte, Hernando Herrera Mercado, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), calificó de “incongruente” la postura de la Casa de Nariño al criticar una herramienta que el propio Ejecutivo usó en el pasado reciente.
“El Gobierno no puede criticar la utilización de esa figura. El mismo Gobierno paradójicamente la utilizó de manera muy reciente cuando por esa vía pretendió, dictando el denominado ‘decretazo’, convocar una consulta popular”, sentenció Herrera en entrevista con Colprensa.
El factor Irene Vélez
Más allá del debate tributario, la forma en que se expidió el decreto está bajo la lupa. El magistrado Camargo solicitó el acta de encargo de Irene Vélez para verificar si tenía la facultad legal para firmar la declaratoria de emergencia.
Para Charry, este detalle no es menor y podría viciar toda la estantería jurídica de la emergencia. “La Constitución exige que la declaratoria de emergencia esté firmada por todos los ministros. Si falta un ministro, no se cumple con el requisito constitucional y existiría un vicio”, advirtió.
Hernando Herrera respaldó la rigurosidad del magistrado Camargo al solicitar estas pruebas, argumentando que se trata de proteger la institucionalidad.
“La Corte debe hacer una revisión de diferentes aspectos (...) para darle validez y porque el Estado se rige bajo el principio de formalidad plena para evitar la usurpación de funciones”, explicó el presidente de la CEJ.
El Congreso, el gran ausente
Finalmente, el debate de fondo apunta a la salud de la democracia y al uso de poderes extraordinarios para legislar temas que deberían pasar por el Congreso. Herrera Mercado fue crítico frente a la justificación del Gobierno para declarar la emergencia.
“Vemos con preocupación que se eluda el trámite en el Congreso y que de manera artificiosa (...) se señale que hay los requisitos para haber proferido una emergencia económica, cuando mucho se debe a que el gobierno ha sido incapaz de generar un recorte en el gasto público”, puntualizó Herrera.
Mientras la Corte decide, el país se mantiene en un limbo jurídico donde las órdenes presidenciales chocan con la desobediencia regional, y donde el contribuyente, como suele ocurrir, es quien asume el riesgo financiero. Ante este panorama, el exmagistrado José Gregorio Hernández hizo un llamado a la prudencia institucional: “Yo creo que lo mejor es esperar a que la Corte Constitucional, en ejercicio de su función, se pronuncie”.
Con información de Colprensa.