El panorama político en el país experimenta jornadas de alta tensión institucional debido al inminente relevo en el poder ejecutivo.
Una fuerte controversia estalló luego de que la senadora Paloma Valencia, perteneciente al partido Centro Democrático, lanzara graves acusaciones en contra de las directivas actuales del Servicio Nacional de Aprendizaje. La congresista alertó sobre supuestas maniobras para asegurar puestos estratégicos antes de que finalice el mandato presidencial actual.
La molestia de la legisladora radica en la reactivación de la fase de entrevistas presenciales dentro del concurso público que busca proveer 129 vacantes para directores regionales y subdirectores de centro.
Según expuso la parlamentaria, esta etapa en particular equivale al 15 % de la ponderación global de la convocatoria e introduce un componente de subjetividad que podría prestarse para favorecer a personas afines a la administración saliente, afectando el empalme administrativo.
A través de sus canales digitales oficiales, la Senadora manifestó de forma tajante que la reactivación del certamen meritocrático, justo después de consolidarse la victoria presidencial de Abelardo de La Espriella, siembra serias dudas.
Valencia argumentó que estas acciones configuran un presunto intento por dejar “amarrados” puestos clave, lo que se traduciría en un desgaste financiero innecesario y condicionaría de manera directa las políticas de la dirección entrante.
Ante el revuelo causado por estas declaraciones, la institución estatal publicó un comunicado oficial el martes 7 de julio de 2026 para contrarrestar los señalamientos de la oposición.
Las directivas de la entidad defendieron la legalidad del proceso, señalando que la convocatoria inició formalmente desde el 10 de agosto de 2023. Asimismo, recalcaron que las inscripciones estuvieron abiertas a toda la ciudadanía bajo estrictos criterios de mérito evaluativo.
En el documento técnico emitido, la entidad aclaró detalladamente que las evaluaciones escritas aplicadas a los aspirantes fueron estructuradas y calificadas de manera autónoma por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).
Respecto a la polémica fase de entrevistas, señalaron que la metodología se encuentra blindada gracias al acompañamiento de un jurado delegado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, garantizando total imparcialidad técnica.
De igual manera, el organismo formativo estatal precisó que cada actuación realizada ha contado con el seguimiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación, atendiendo de manera oportuna todas las recomendaciones formuladas.
La entidad buscó dar un parte de tranquilidad al confirmar que la selección final de las ternas correspondientes será gestionada en su totalidad por la nueva administración, descartando nombramientos apresurados de última hora.