La situación de orden público en el norte del departamento del Cauca vuelve a generar una profunda preocupación tras confirmarse el secuestro de dos operarios que cumplían labores de mantenimiento eléctrico.
La compañía CEO, empresa del grupo Promigas, denunció este lunes que dos personas vinculadas a una de sus firmas contratistas permanecen privadas de la libertad por grupos armados al margen de la ley.
El hecho se registró el pasado jueves, 18 de diciembre, en zona rural del municipio de Corinto.
Según el reporte oficial de la empresa, las víctimas hacían parte de una brigada técnica que adelantaba actividades operativas fundamentales para garantizar el suministro de energía en esta región del país.
Exigencias económicas y parálisis operativa
De acuerdo con la información disponible hasta el momento, los captores ya han establecido contacto para exigir una suma de dinero a cambio de la liberación de los dos trabajadores.
Este incidente no solo representa una violación directa a los derechos humanos y a la libertad personal, sino que pone de manifiesto el grave riesgo que enfrentan diariamente quienes trabajan para asegurar la continuidad de los servicios públicos en zonas de conflicto.
Ante la gravedad de la situación, CEO tomó la determinación de suspender temporalmente todas sus operaciones en Corinto.
Esta medida preventiva se mantendrá vigente hasta que se restablezcan las condiciones mínimas de seguridad que permitan proteger la integridad física de su personal de campo.
“Estos hechos representan un grave riesgo para la seguridad de quienes trabajan diariamente en la misión de garantizar la continuidad y calidad del servicio eléctrico en el territorio”, manifestó la organización a través de un comunicado oficial.
Impacto en la comunidad
La suspensión de las labores técnicas en Corinto trae consigo una consecuencia inevitable: el deterioro en la calidad y continuidad del servicio de energía para miles de habitantes del norte del Cauca.
La imposibilidad de realizar reparaciones o mantenimientos preventivos deja a la población civil en medio de una crisis que afecta tanto su bienestar como el desarrollo económico de la zona.
La empresa informó que el incidente fue reportado de manera inmediata a las autoridades competentes, quienes ya se encuentran al frente de la situación para intentar dar con el paradero de los colaboradores y lograr su retorno seguro a casa.
Rechazo categórico
Desde la gerencia de la compañía se emitió un contundente rechazo a estos actos de violencia.
Se enfatizó en que este tipo de acciones atentan contra la vida y el bienestar de trabajadores y contratistas que solo cumplen con una función social. Además de la afectación humana, se recalcó el daño colateral que sufren las comunidades al verse interrumpido un servicio esencial como es la electricidad.
Este nuevo episodio de inseguridad en el Cauca enciende las alarmas sobre las garantías que tienen las empresas prestadoras de servicios públicos para operar en territorios donde la presencia de grupos armados condiciona la vida cotidiana y la infraestructura del Estado.
Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de El País.