El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, ha encontrado todas las formas posibles para evadir la decisión de la Corte Constitucional que le ordenó ajustar la Unidad de Pago por Capitación, UPC. Para el próximo año, aunque las EPS piden un incremento importante, las perspectivas son poco alentadoras.
Este diciembre el Gobierno deberá realizar el último incremento de la UPC, recursos que distintos actores del sector han calificado de ser trascendentales para la sostenibilidad del sistema.
Pese a la importancia de estos recursos en el sistema de salud colombiano, el Ministerio de Salud se ha negado en múltiples ocasiones a realizar un aumento de la UPC que le han exigido los gremios del sector, incluso, llegando a desobedecer órdenes de la Corte Constitucional.
Recientemente, la Corte Constitucional negó la prórroga solicitada por el Ministerio de Salud para cumplir las órdenes proferidas por el alto tribunal tras el incidente de desacato por la insuficiencia de la UPC.
El Ministerio había solicitado ampliar el plazo para realizar el ajuste de la UPC hasta el 19 de diciembre, asegurando que el volumen de información técnica exigida hacía imposible cumplir la orden en el término fijado
No obstante, el Alto Tribunal rechazó esta petición, justificando que las órdenes impuestas han sido reiteradas en múltiples ocasiones, incluso en vigencias anteriores.
Como menciona la Corte Constitucional esta situación no es reciente, por el contrario, las tensiones entre el Ministerio de Salud y el Alto Tribunal viene desde años atrás, pues en el 2023 el Ministerio fijó el aumento de la UPC para la siguiente vigencia un valor que distintos actores del sector calificaron como ‘insuficiente’.
Según organizaciones como Acemi, Afidro, Pacientes Colombia y la ANDI, el cálculo que utilizó el Gobierno para determinar el incremento de la UPC para el 2024 desconoció la situación real del sistema, que para ese entonces, ya estaba en crisis.
Atendiendo el llamado de los distintos integrantes del sector, la Corte Constitucional emitió el Auto 2881 en el 2024 mediante el cual declaraba el incumplimiento en el pago de los “Presupuestos Máximos” y dio un plazo de 45 días para realizar los pagos.
Sin embargo, no sería hasta después de un año, a inicios de este 2025, que el Alto Tribunal, a través del Auto 007 declaró insuficiente la UPC de 2024 y ordenó al Ministerio realizar el respectivo ajuste.
Los incumplimientos del Ministerio
Después de recibir las órdenes de la Corte Constitucional emitidas en febrero de 2025, el Ministerio anunció la instalación de la mesa técnica para marzo de ese mismo año, que tenía por objetivo realizar el respectivo reajuste de la UPC.
“La mesa de trabajo tendrá un carácter participativo, recibirá y analizará la información e insumos que los participantes aporten, para que nosotros en el ministerio podamos establecer un cálculo adecuado y técnico”, comentó en su momento el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
No obstante la mesa técnica no generó ninguna solución, en mayo la Corte Constitucional decidió suspenderla después de encontrar falencias en el proceso, como la falta de publicidad adecuada del reajuste de la UPC y la exclusión de ciertos actores del sector salud en las convocatorias a las mesas técnicas.
Meses después el Ministerio volvió a abrir las mesas técnicas para el reajuste de la UPC. Sin embargo, en septiembre concluyeron sin lograr ningún ajuste y poniendo contra las cuerdas al ministro de Salud.
De hecho, poco después de que la Corte Constitucional abriera incidente de desacato contra el Ministerio de Salud por incumplir sus órdenes, la Procuraduría hizo un llamado de atención a la cartera de Salud con el fin de garantizar el cumplimiento del reajuste de la UPC.
Se acaba el año y no hay ajuste
Recientemente, el Ministerio Salud expidió la Resolución 2605 del 15 de diciembre de 2025, mediante la cual ordena la equiparación de la prima pura de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado al 95 % de la prima pura del régimen contributivo, medida que empezará a regir a partir de 2026.
Con esta medida el Ministerio dio cumplimiento a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008 y en los autos 411 de 2016, 007 de 2025 y 2049 de 2025, que exigían corregir la brecha histórica en la financiación del régimen subsidiado.
Sin embargo, estas medidas siguen sin dar cumplimiento al reajuste de la UPC para la vigencia 2024 ordenado por la Corte Constitucional, y faltando menos de medio mes para concluir el año no parece que el Ministerio vaya a dar cumplimiento a tal solicitud, exponiéndose a graves repercusiones.