La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén) advirtió sobre el panorama de abastecimiento energético del país y solicitó al Gobierno acelerar las medidas que permitan ampliar la capacidad de generación y transmisión eléctrica, ante las proyecciones de déficit para los próximos años.
Durante la apertura del 18.º Congreso Anual de Energía, la presidenta del gremio, Natalia Gutiérrez, afirmó que el sistema enfrenta dificultades con el retraso en la entrada de nuevos proyectos de generación, una situación que, según indicó, requiere decisiones oportunas para garantizar el suministro de electricidad.
De acuerdo con datos XM citados por Acolgén, el déficit de energía firme frente a la demanda alcanzaría el 5,4 % en 2026, mientras que para 2027 se proyecta un faltante del 7,8 % y para 2028 uno del 7,6 %.
“El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella recibe este problema del gobierno anterior: la seguridad energética en cuidados intensivos”, señaló Gutiérrez ante el panorama actual.
En ese sentido, la presidenta de Acolgén resaltó que la llegada del nuevo Ejecutivo representa algo positivo para el sector, ya que se reconocerá ante la opinión pública la gravedad de la situación y se pueden buscar soluciones.
Entre los factores de preocupación del gremio prevalece el ritmo de incorporación de nueva capacidad de generación, que durante los últimos años habría estado por debajo de las expectativas.
Según los datos presentados por Acolgén, en 2022 ingresó al sistema el 28 % de la capacidad que se tenía prevista; en 2023, el 17 %; en 2024, el 25 %, y en 2025 se registró un mínimo de 10,8 %. En lo corrido de 2026, el indicador se ubicaba en 23 %.
“Colombia enfrenta un reto que no podemos aplazar. La realidad es que Colombia tiene hoy un problema de energía firme que se ha venido alimentando durante los últimos cuatro años”, añadió la directiva.
Frente a las posibles consecuencias de una restricción en el suministro eléctrico, un estudio de Fedesarrollo citado durante el encuentro estima que un racionamiento similar al registrado en Colombia durante la década de 1990 podría provocar una reducción de 1,5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) y la pérdida de aproximadamente 230.000 empleos.
Además, el organismo calcula que una hora diaria de racionamiento tendría un costo de entre 175.000 millones y 204.000 millones de pesos, lo cual afectaría los sectores de manufactura, minería y comercio, que concentran el 24 % del PIB y el 30 % del empleo nacional.
“La palabra es esperanza. No hablo de una esperanza ingenua. No hablo de cerrar los ojos frente a los enormes retos que enfrentamos. Hablo de la esperanza que nace cuando un nuevo Gobierno reconoce que el país tiene problemas, identifica sus causas y, aunque no sea culpa de este Gobierno, decide enfrentarlos y tiene la voluntad de hacer las cosas diferentes”, reiteró Gutiérrez.