Una profunda fractura institucional se ha generado en el sector energético colombiano tras los últimos anuncios del Gobierno Nacional.
El presidente Gustavo Petro manifestó públicamente su intención de liquidar la empresa comercializadora Air-e, con el objetivo de integrar la totalidad de sus activos a una nueva infraestructura de carácter público en la región norte del país.
El Mandatario detalló que este plan se articularía con el programa Colombia Solar, el cual ya inició su despliegue barrial en Barranquilla. Según el Jefe de Estado, dicha iniciativa cuenta con un presupuesto aprobado de 8 billones de pesos en vigencias futuras, una cifra que estaría lista para ejecutarse con el fin de transformar el modelo energético en la Costa Atlántica.
La reacción de los sectores privados no se hizo esperar ante la magnitud de la propuesta estatal. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, tildó la propuesta de Petro como una medida profundamente irresponsable que viola el marco jurídico vigente en el territorio nacional.
Para el dirigente gremial, el inicio formal de un proceso de liquidación obligaría contractualmente a la compañía a detener de inmediato sus actividades operativas. Esto implicaría que la empresa no podría continuar comprando energía en el mercado mayorista, ni facturando, ni vendiendo energía a su base de usuarios actuales.
La principal preocupación radica en el vacío de poder operativo que generaría la salida de la polémica compañía. Castañeda advirtió que las poblaciones de Atlántico, Magdalena y La Guajira quedarían completamente desamparadas, puesto que el Gobierno Nacional no ha gestionado un operador sustituto con las capacidades técnicas idóneas.
Esta incertidumbre institucional pondría en riesgo inminente de apagón a más de 1,3 millones de hogares caribeños. Adicionalmente, el gremio de generadores sostuvo que ninguna de las distribuidoras eléctricas estatales del país posee el músculo financiero requerido para absorber una operación que registra pérdidas mensuales de hasta 200.000 millones de pesos.
El componente de la deuda sectorial es otro de los puntos críticos que aviva la fuerte controversia. Cifras de Andeg revelan que la distribuidora en crisis arrastra un pasivo cercano a los 2,5 billones de pesos con los generadores, transmisores y diversos eslabones de la cadena de suministro nacional.
Castañeda argumentó que aplicar una liquidación bajo estas condiciones financieras equivaldría a congelar de forma indefinida los compromisos económicos vigentes. A su juicio, la medida enviaría una peligrosa señal al mercado al evadir las deudas acumuladas, desestabilizando las finanzas del sistema interconectado general.
La crisis financiera de la compañía no es un asunto nuevo para la actual administración. En abril del vigente año, el Ministerio de Minas y Energía ya había intentado maniobrar para buscar liquidez mediante el diseño de una sobretasa impositiva de 8 pesos por kilovatio-hora transportado.