La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República enviaron una directriz al Gobierno Nacional con el fin de que este entregue un informe de gestión completo, con todos los detalles sobre asuntos y recursos públicos ejecutados y pendientes de cara al proceso de empalme.
Los dos órganos de control advirtieron que el informe debe tener los contratos suscritos, ejecutados, liquidados y en curso y publicados en el SECOP.
“La citada normatividad exige que el informe incluya la totalidad de los temas a cargo de la administración, así como la gestión adelantada respecto de los recursos financieros, humanos y administrativos asignados para hacerlos efectivos. Se trata de un deber que no admite excepciones y cuyo incumplimiento puede dar lugar a las investigaciones establecidas por el ordenamiento jurídico”, se lee en la directriz.
Además, le recordaron al Gobierno Petro que durante el empalme se deben identificar aquellos asuntos en que haya competencias compartidas entre distintos niveles de gobierno o en que otras administraciones hayan garantizado derechos fundamentales.
“Sea la oportunidad para recordar a los integrantes del gobierno saliente que, en el marco del proceso de transición, deben identificar y dejar constancia de aquellos asuntos que involucren el ejercicio de competencias concurrentes entre distintos niveles de gobierno, así como de las situaciones en las que, en aplicación del principio de subsidiariedad, otra administración haya asumido funciones orientadas a garantizar derechos fundamentales o asegurar el acceso efectivo a servicios públicos esenciales”, explicaron las dos entidades.
El documento que tiene la firma tanto del procurador general Gregorio Eljach como del contralor general Carlos Hernán Rodríguez, insta a que todos los informes de empalme sean públicos para consulta de la ciudadanía, con excepción de las reservas establecidas en la Ley 1712 de 2014.
“Se exhorta al gobierno saliente y a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional que intervengan en el proceso de transición gubernamental para garantizar que los informes de empalme y sus documentos soporte sean publicados y permanezcan disponibles para consulta pública en los canales institucionales dispuestos para tal efecto, salvo las excepciones de reserva o clasificación de la información previstas en la ley”.
La Procuraduría y la Contraloría concluyen explicando que lo anterior se realiza para que el Gobierno de Abelardo de la Espriella conozca el alcance de todas las obligaciones institucionales en curso, las entidades que se encuentran comprometidas con ellas y aquello que se debe mantener o ajustar.