La Procuraduría General de la Nación, a través de su regional en Antioquia, dejó sin efectos la suspensión impuesta a 11 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) investigados por la realización de una fiesta vallenata al interior de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
La decisión se produjo tras encontrar presuntas irregularidades en el procedimiento con el que la oficina de control interno del Inpec había ordenado la suspensión el pasado 10 de abril. Para el Ministerio Público, los hechos en los que se basó esa medida no estaban debidamente delimitados, por lo que se vulneró el debido proceso.
Como resultado, la Procuraduría General de la Nación declaró la nulidad del auto que dio inicio a la investigación disciplinaria y ordenó que el caso regrese a etapa de indagación previa.
Los funcionarios vinculados al proceso en el escándalo por la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí son los dragoneantes Nairo Vargas Rubio, Fran Barbosa Pinzón, Jhon Aguilar Conde, José Becerra Puello, Juan Goez David, Juan Ospina Morales y Gustavo Montejo Casas; los inspectores Eduardo Parra Ceballos y Salvador Jiménez Palencia; y los tenientes Heyler Fracica Sarmiento y Antonio Ciprián Díaz.
En su momento, el Inpec señaló que estas personas “al parecer, incurrieron en presuntos comportamientos que podrían ser catalogados como faltas disciplinarias”, por hechos que irían en contra del régimen disciplinario de los servidores públicos.
La investigación está relacionada con una celebración realizada el miércoles 8 de abril, entre la mañana y la tarde, dentro del centro penitenciario. Según las denuncias conocidas, el evento habría sido organizado para despedir a un interno que cumplía su condena y contó con entre 80 y 100 asistentes, además de comida, licor y presentaciones musicales.
El hecho generó polémica por la contratación del cantante vallenato Nelson Velásquez, a quien presuntamente se le habrían pagado cerca de 100 millones de pesos. También se habló de otros recursos que, fueron destinados para invitados, logística y supuestos pagos a funcionarios.
En la cárcel de Itagüí permanecen recluidos los cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá, incluidos integrantes de la conocida organización delincuencial de la Oficina de Envigado, lo que aumentó la gravedad de las denuncias conocidas públicamente en días recientes.
Con esta decisión, la Procuraduría General de la Nación no cierra el caso, pero sí ordena que la investigación comience desde su fase inicial, esta vez garantizando el cumplimiento del debido proceso.