Fiesta en cárcel de Itagüí destapa esquema de sobornos; habrían cobrado millonarias sumas por visitante

Tras varios días del escándalo de la megafiesta en la cárcel de La Paz en Itagüí, en donde hubo incluso parranda vallenata de la mano de Nelson Velásquez, se siguen conociendo detalles de cómo se fraguó la reunión.

Precisamente, el concejal paisa Andrés Tobón, quien presentó documentos que evidencian graves fallas en el control del penal, filtró la millonaria cifra que habría costado la fiesta, incluido lo que se le pagó al artista, como el soborno para los uniformados del Inpec.

Según la denuncia, se estima que el evento tuvo un costo total de 500 millones de pesos, de los cuales 100 millones fueron destinados al pago del cantante, mientras que el resto se habría distribuido en logística, licor y presuntos sobornos a funcionarios.

Asimismo, los documentos sugieren que el personal de guardia omitió registrar el ingreso de vehículos, equipos de sonido y de los mismos músicos. A pesar de estas omisiones, se reportó la entrada de 138 visitantes, entre ellos 41 hombres y 8 menores de edad, una cifra que excede significativamente el régimen especial de visitas permitido.

Sobre el dinero que habrían recibido los funcionarios, el documento detalla que aparentemente los guardias cobraban un millón de pesos por persona para permitir el ingreso sin ningún tipo de verificación o registro oficial.

Esta supuesta tarifa habría contado con una vinculación directa con alias Douglas, uno de los líderes del penal, quien hasta ahora ha negado su responsabilidad asegurando que se encontraba en otro patio durante la fiesta irregular.

Finalmente, el concejal Tobón exigió resultados judiciales concretos y una reestructuración de la parte administrativa del penal.

Lo cierto es que desde el gobierno ya se tomaron las primeras medidas en el asunto. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, informó que se inició el procedimiento administrativo para trasladar a cárceles de Bogotá a los reclusos vinculados a la mesa de paz urbana que protagonizaron la fiesta.

El proceso requiere de una petición formal de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ante el Inpec para determinar los pabellones disponibles y coordinar el movimiento con la Policía.

El jefe de la cartera de Justicia detalló la ruta jurídica y operativa que se seguirá para cumplir la instrucción presidencial de retirar a estas personas del centro penitenciario de Antioquia.

“La directriz del Presidente es pensar en el traslado de estas personas que están en la mesa de negociación sociojurídica ¿Qué sigue ahora? Que la oficina del Alto Comisionado elabore la petición formal y establezca como el grado de estas personas que formalmente, por ejemplo, cada uno está asignado a distintas prisiones y que fueron remitidos allá“, explicó el Ministro.