Procurador reconoce el acuerdo suscrito entre el Gobierno y los representantes de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial para que se normalice el servicio judicial.

El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, ordenó abrir indagación preliminar contra todos los empleados judiciales que persisten en el paro que hasta este jueves completa 56 días, e instó a que se normalicen las actividades.“Los empleados de la justicia que persisten en el cese de actividades podrían, además, tener consecuencias disciplinarias”, agregó.El jefe del Ministerio Público indicó que existe un acuerdo suscrito entre el Gobierno y los representantes de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial para que se normalice el servicio judicial y por ello considera que “no existen razones para continuar en el cese de actividades, luego de haberse concretado desde el Gobierno Nacional las fórmulas de arreglo que buscan responder a las reclamaciones de los servidores de la justicia”.Además, Ordóñez recalcó que “las entidades encargadas de pagar los salarios de los empleados judiciales deben reconocer solamente el servicio prestado adecuadamente”.Precisamente Ricardo Monroy, el presidente del Consejo de la Judicatura, anunció que a los funcionarios que continúen en paro “se les aplicará el régimen legal de pago de remuneración por los servicios efectivamente prestados”.Es decir: no se les cancelará su salario correspondiente a los días en los que no laboraron después del acuerdo. Tampoco se les pagará la prima navideña. Nelson Cantillo, directivo del sindicato de funcionarios judiciales de Asonal Judicial, aseguró que, pese a lo que él considera una amenaza y una herramienta para atemorizarlos, continuarán con el cese de actividades. Además denunció, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que los trabajadores sindicalizados califican de “violaciones laborales”.“Estos días nos ha tocado sortear cualquier tipo de amenazas que están violando los derechos humanos de quienes hacemos parte de este movimiento huelguístico. Por parte de la Fiscalía General de la Nación y por parte del Gobierno se han tomado medidas de hecho, como es militarizar en gran parte del país las instalaciones donde se administra justicia”, señaló Cantillo. Según el dirigente sindical, los anuncios de que no se les pagará el salario solo buscan aterrorizar a quienes hacen parte del cese de labores. “Con panfletos se está haciendo cualquier cantidad de amenazas a los servidores judiciales y en especial a los de la Fiscalía para que se levante el paro. Buscan atemorizar con descuentos salariales y a la prima, pero solo han logrado radicalizar este movimiento”, dijo.Cantillo agregó que este jueves se deben conocer los resultados de tutelas que han sido presentadas por la disidencia del paro y además esperan un pronunciamiento del Consejo de Estado en lo que tiene que ver con el acuerdo firmado a inicios de noviembre con el Gobierno.Paro genera enfrentamientosDe otro lado, quienes hacen parte de la disidencia de Asonal señalaron este miércoles haber sido maltratados por parte de funcionarios de la Fiscalía que pretendían romper la huelga, y estos últimos también aseguraron que fueron agredidos por los funcionarios que están en cese laboral. Frente a los hechos, el director seccional de Fiscalías de Bogotá, Jorge Eduardo Carranza, quien debió permanecer encerrado durante 15 minutos en su vehículo y rodeado por algunos funcionarios que permanecen en paro, señaló que todo sucedió cuando él hacía un recorrido por las diferentes instalaciones de la entidad. ¿Justicia o anarquía?El presidente del Consejo de Estado, el magistrado Gustavo Gómez Aranguren, aseguró que los funcionarios que siguen en paro se amparan en la Constitución Política para afectar la administración de justicia. Para el funcionario, están convirtiendo a la justicia en anarquía. “El paro y la protesta ciudadana es un derecho constitucional, pero un derecho que tiene como todos los derechos, límites. Este país tiene autoridades y esas autoridades implican las órdenes del cumplimiento exacto de la Constitución y de la Ley”, dijo.