La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar al gobernador de Tolima, Óscar Barreto; la alcaldesa de Lérida, Carolina Hurtado;  el saliente director del Sena Regional Santander, David Suárez Gutiérrez,  y el seccional de esa entidad en Floridablanca, Oscar Peña Amaya, por presunta presión a contratistas para participar en política en apoyo a la aspiración presidencial por firmas del candidato Germán Vargas Lleras.


El Ministerio Público busca determinar la intervención de los funcionarios para que contratistas recolecten firmas de apoyo al nombre de Vargas Lleras y así garantizar una vinculación económica en 2018.

El Procurador Fernando Carrillo, determinó que estos casos sean adelantados en Bogotá por el Procurador 21 Judicial II Penal, quien en lo que tiene que ver con el Sena Santander asume el proceso que inició la Procuraduría Regional.

Además se pidió a la Gobernación, a la Alcaldía de Lérida y al Sena una relación de los contratistas que actualmente prestan sus servicios en las diferentes dependencias de la entidad, así como de los contratos suscritos este año.

También se pidió a la iniciativa ciudadana de inscripción de firmas de Germán Vargas Lleras en Tolima y Santander, que envíen copia de los formularios donde aparecen ciudadanos solicitando su inscripción a la Presidencia de la República 2018 – 2022.

Finalmente, se determinó escuchar en versión libre a los funcionarios en indagación si así lo solicitan.

El Procurador anunció que se convocará a la Comisión Nacional de Garantías de cara a las elecciones para evitar que funcionarios públicos y contratistas del Estado participen en política.

“Se ha pensado que por ser contratista y no funcionario público vinculado, se puede hacer política. El mensaje es clarísimo, los contratistas financiados con recursos del Estado no pueden hacer política”, dijo.

Carrillo reiteró que se investigará a los contratistas que participen en procesos de recolección de firmas en favor de una campaña política en particular.

“Donde haya recursos públicos está involucrado el interés público y está prohibido hacer política cuando se trata de recursos públicos. La práctica lamentable en Colombia es tener nóminas paralelas, donde los contratistas privados cumplen funciones de servidores públicos”, señaló.