Este domingo, 25 de octubre, la Procuraduría General de la Nación reveló que inició una investigación disciplinaria contra dos exdirectivas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), por posibles anomalías en un proceso contractual adelantado en el 2024 para prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio Público explicó que este proceso disciplinario vinculó a la exsubdirectora general del Icbf, Adriana Velásquez Lasprilla, y la exdirectora de Primera Infancia, María Mónica Martínez Martínez.

“La actuación disciplinaria busca establecer la existencia de presuntas irregularidades en las etapas de planeación, estructuración y ejecución del referido proceso contractual”, señaló el organismo.

La exsubdirectora, Adriana Velásquez, está vinculada en la investigación. | Foto: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Asimismo, la entidad destacó que es necesario verificar si durante su ejecución se presentaron situaciones que pudieron comprometer el cumplimiento de las obligaciones contractuales o la adecuada supervisión del contrato.

Frente a los procesos de contratación cuestionados, estos hacían parte de una iniciativa de alcance nacional impulsada por el Icbf en 2024, la cual buscaba ofrecer educación inicial mediante distintas modalidades: integral, familiar, institucional y propia e intercultural.

El objetivo de este contrato era brindar atención a aproximadamente 1.675.000 niños y niñas en todo el país, con una cobertura de hasta 210 días durante el año. Sin embargo, la estructuración y ejecución fue cuestionada por presuntos problemas operativos.

Cabe recordar que durante la gestión de las dos exdirectivas se implementó un nuevo esquema de contratación que, según lo planteado entonces, buscaba “democratizar y pluralizar” la elección de operadores.

La apertura de la investigación tiene como propósito esclarecer los hechos. | Foto: COLPRENSA ©

Entre los actores que se pretendía vincular estaban asociaciones de padres de familia, juntas de acción comunal, consejos comunitarios y organizaciones indígenas y campesinas.

Ante esto, la Procuraduría busca determinar si las decisiones adoptadas durante la planeación y ejecución de estos contratos se ajustaron a las normas y si se garantizaron las condiciones necesarias para cumplir con la atención prevista.

Por ahora, el Icbf está avanzando en un proceso de renovación y uno de los principales ejes será el fortalecimiento de los servicios de la atención integral a la primera infancia.

La entidad proyecta atender a cerca de 1.8 millones de beneficiarios en más de 65.000 unidades para todos los servicios de atención en Colombia.

La transformación también tendrá como prioridad el manejo transparente y riguroso de los $11.9 billones presupuestados para 2027 en el ICBF (según Decreto 1599 de 2026), buscando que los recursos lleguen efectivamente a quienes los necesitan.