La Procuraduría General de la Nación ordenó a decenas de entidades del Estado activar de manera inmediata planes de preparación frente al fenómeno de El Niño que se prevé entre el segundo semestre de 2026 y comienzos de 2027. La entidad advirtió que el incumplimiento de estas medidas podría derivar en investigaciones disciplinarias.

La instrucción quedó consignada en la Circular 001 de 2026, emitida el 17 de abril, en la que se establece un conjunto de 19 mandatos dirigidos a ministerios, gobernaciones, alcaldías, corporaciones autónomas regionales y entidades del sector energético, de agua y salud.

El objetivo es mitigar los efectos de un evento climático que, según organismos internacionales, tiene alta probabilidad de ocurrencia este año y tendría impacto en agricultura, energía de las hidroeléctricas o salud pública, para mencionar las más relevantes.

Durante el fenómeno de 2024, el nivel de los embalses cayó a 28,6%, el más bajo en 25 años, mientras que el precio de la energía se incrementó más de 200%. | Foto: si

El 9 de abril de 2026, el Centro de Predicción Climática de la NOAA —la agencia oceánica y atmosférica de Estados Unidos— indicó que hay una probabilidad del 61% de que El Niño surja entre mayo y julio de 2026 y persista hasta al menos finales de ese año.

Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) señaló que la probabilidad de que se forme un episodio de El Niño se incrementa paulatinamente hasta cerca del 40% entre mayo y julio. El Columbia Climate School International Research Institute determinó que a partir de mayo-julio las probabilidades de El Niño se mantienen en el rango del 72% al 80%.

El Niño es un fenómeno climático que ocurre cuando la temperatura del agua en el océano Pacífico ecuatorial sube más de lo normal. En Colombia, eso se traduce, típicamente, en menos lluvias, más calor, mayor riesgo de incendios forestales y problemas en el suministro de agua y de energía eléctrica, que en gran parte depende de las hidroeléctricas.

¿Qué deben hacer las entidades?

Entre las principales órdenes, la Procuraduría exigió a gobernaciones y alcaldías activar de inmediato los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y actualizar los planes de contingencia frente a incendios forestales y desabastecimiento de agua. También reiteró que el consumo humano debe tener prioridad sobre otros usos.

A las Corporaciones Autónomas Regionales les exigió instalar sistemas de medición en tiempo real del nivel de los ríos, evaluar la posibilidad de suspender quemas abiertas en zonas agrícolas durante El Niño —por el riesgo de incendio ante la baja humedad y los vientos fuertes— e intensificar el monitoreo en páramos y humedales para prevenir la muerte de fauna silvestre.

Al Ministerio de Minas y Energía le ordenó adoptar medidas para garantizar que no haya apagones durante el fenómeno, lo que incluye optimizar la gestión de los embalses, fortalecer fuentes alternas de generación de energía y establecer mecanismos de seguimiento permanente a los niveles de agua en los embalses.

Se avecina una ola de calor que afectará a varios departamentos de Colombia como consecuencia del fenómeno de El Niño. | Foto: El País

A las secretarías de salud les indicó reforzar los programas de control de dengue, zika y chikunguña, enfermedades transmitidas por mosquitos que se reproducen en recipientes con agua estancada —lo que puede aumentar cuando la gente almacena agua de manera precaria ante la escasez— y vigilar la calidad del agua en fuentes superficiales para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.

La Superintendencia de Servicios Públicos deberá exigir a las empresas de acueducto y energía la actualización de sus Planes de Emergencia y Contingencia (PEC), garantizando fuentes alternas de abastecimiento.

Todas las entidades destinatarias de la circular deben enviar a la Procuraduría, a más tardar el 30 de junio de 2026, un informe con las acciones que adoptarán. Ese informe debe incluir la identificación de riesgos en su territorio, las medidas específicas con cronograma y responsables, los recursos técnicos, humanos y financieros destinados, y los indicadores para medir si las acciones funcionaron.

La circular advirtió que el incumplimiento “podrá dar lugar a acciones disciplinarias, de conformidad con la normativa vigente”, y que la Procuraduría Delegada adelantará “seguimiento estricto al cumplimiento de la presente circular”.