En medio del choque que hay entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la Fiscalía General de la Nación tras el anuncio de la entidad judicial de no suspender de manera automática las órdenes de captura contra 29 cabecillas del Clan del Golfo, el Ejecutivo anunció una fase en el proceso de paz.
La Consejería Comisionada de Paz informó que el presidente Gustavo Petro autorizó avanzar de manera acelerada en el traslado de integrantes de grupos armados ilegales hacia cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), como parte de los procesos que adelanta el Gobierno Nacional.
A través de un comunicado oficial, el Gobierno reiteró que la conducción de la política de paz y del orden público corresponde exclusivamente al jefe de Estado.
“La dirección de la Política de Paz y del orden público corresponde de manera exclusiva al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, en concordancia con la Constitución Política de Colombia en su artículo 189, numeral 4.º, y la Ley 2272 de 2022”, se lee en la misiva.
No obstante, el organismo informó que en la primera etapa de implementación de las Zonas de Ubicación Temporal, no serán trasladadas personas que tengan órdenes de captura vigentes con fines de extradición.
Pero algo que llama la atención es que la administración indicó que dicha situación será objeto de evaluación posterior por parte del presidente de la República.
Según explicó la Consejería Comisionada de Paz, la decisión se dio después de una reunión que hubo entre el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, y los delegados del Gobierno Nacional para los procesos de paz: Armando Novoa, Carlos Erazo, Gloria Quiceno, Mauricio Silva, Álvaro Jiménez, Isabel Zuleta, Fabio Cardozo, Alexander Castillo y Camilo Pineda.
Durante el encuentro, también se presentó un balance sobre los avances, dificultades y resultados obtenidos en cada uno de los procesos de diálogo y negociación que actualmente desarrolla el Ejecutivo en distintos territorios del país.
“El Gobierno Nacional reitera que la paz es una política de Estado, cuya realización implica la concurrencia de todas las autoridades bajo los principios de colaboración armónica e independencia funcional, tal como lo ordena la Constitución Política de 1991”, concluye el comunicado oficial.
Cabe destacar que el presidente también reiteró en redes sociales que los procesos que se están realizando con los grupos armados están cumpliendo los mecanismos que exige la ley.
“Todos los requisitos que exige la ley se aplican en los procesos de negociación de paz que adelanta el gobierno y están bajo la intermediación y garantía de gobiernos extranjeros para garantizar pulcritud”, dijo Petro.