El presidente Abelardo De La Espriella anunció este jueves una revisión exhaustiva de los esquemas de protección asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), en una decisión que busca, según el mandatario, devolverle a la entidad su carácter técnico y evitar el uso indebido de recursos públicos.
En su intervención, De La Espriella fue contundente: “Cualquier peludo monta un video y dice que lo amenazaron, y entonces el Estado tiene que salir corriendo a prestarle protección, pero esa payasada se acabó”, afirmó, y ordenó acelerar el retiro de medidas que no cuenten con sustento probatorio.
La medida, que el Gobierno plantea ejecutar con “rigor técnico” y sin decisiones apresuradas, responde a dos preocupaciones centrales: la presunta desnaturalización de la misión de la UNP y el impacto fiscal que representan esquemas de protección otorgados sin una evaluación adecuada del riesgo.
Asimismo, el presidente insistió en que la revisión no tendrá sesgos políticos y que quienes enfrenten amenazas reales conservarán la protección “sin distinción política”, pero pidió que se agilicen los procesos para desmontar medidas injustificadas.
La UNP es la entidad encargada de evaluar riesgos y asignar medidas de protección a personas en situación de vulnerabilidad por amenazas, entre ellas exfuncionarios, líderes sociales, periodistas y testigos en procesos judiciales.
En cuanto al procedimiento habitual, combina evaluaciones de inteligencia, análisis de contexto y criterios técnicos para determinar la necesidad y el nivel de protección. El anuncio presidencial plantea ahora una auditoría interna y un seguimiento diario por parte del jefe de Estado con el director de la entidad, con el objetivo de garantizar que los recursos se destinen “a quienes realmente los necesitan”.
Por otro lado, el presidente De La Espriella justificó la medida en el “complejo panorama fiscal” del país y en la necesidad de que los gastos asociados a la protección respondan a necesidades comprobadas.
“Las finanzas públicas están en su peor momento”, dijo, y añadió que su administración priorizará la transparencia y la protección de los recursos estatales, aun cuando esas decisiones generen críticas. El llamado del Gobierno es a que la UNP aplique criterios técnicos más estrictos y documente con claridad las razones para otorgar o retirar medidas.
Además, la revisión incluirá la verificación de solicitudes presentadas en redes sociales y la exigencia de pruebas que respalden las denuncias de amenaza. El Ejecutivo también pidió que se acelere el proceso de desmonte de esquemas que no cumplan con los requisitos establecidos, sin detallar plazos concretos ni el número de casos que podrían verse afectados.