Por Daniel Rojas Medellín / Ministro de Educación Nacion
Durante nuestro gobierno, hemos abierto un sendero de transformación para la educación pública en el país. Quienes venimos de escenarios de movilización sabemos que la educación debe estar en el corazón de la vida social y comunitaria de cualquier proyecto político emancipador, ya que es una herramienta fundamental para la superación de desigualdades estructurales, la protección de la vida, la promoción del bienestar social y la construcción de paz en los territorios.
En este sentido, la educación pública debe comprenderse como un proceso democrático que dignifica al pueblo en todas sus dimensiones y constituye el fundamento del aprendizaje que permite a las sociedades adaptarse, transformar su entorno y construir posibilidades de un futuro más justo.
Nuestra llegada al gobierno confirmó una realidad que durante años habíamos denunciado desde el movimiento social: un sector educativo desfinanciado, sin enfoque territorial y estructurado sobre la exclusión y la desigualdad. La vieja política, que ahora se hace llamar los “nunca”, despojó a la educación de su carácter de derecho y la subordinó a una lógica de mercado, donde primaban el endeudamiento, la competencia y la exclusión para los jóvenes que en ella buscaban una oportunidad. Esto ya lo denunciaba García Márquez en su texto Por un país al alcance de los niños, cuando escribió:
Por lo mismo, nuestra educación conformista y represiva parece concebida para que los niños se adapten por la fuerza a un país que no fue pensado para ellos, en lugar de poner el país al alcance de ellos para que lo transformen y engrandezcan.
Durante estos cuatro años del Gobierno del Cambio, hemos trabajado con tenacidad para revertir las consecuencias de ese modelo excluyente. Desde el Ministerio de Educación recuperamos el papel del Estado como garante del derecho a la educación.
Los hechos respaldan este compromiso: hemos aumentado el presupuesto del sector —que pasó, en precios constantes de 2026, de 63 billones en 2022 a 88 billones en 2026—, el desempeño del Saber 11 en colegios públicos mejoró en 6,4 puntos y por primera vez en la historia superamos los 2,5 millones de estudiantes en educación superior, de los cuales el 97% de quienes cursan sus estudios en instituciones públicas lo hacen de manera totalmente gratuita. A estos avances se suman 5.519 colegios donde 1,3 millones de estudiantes resignifican su jornada escolar con Formación Integral, una apuesta donde la escuela se convierte en un espacio de formación, en el ser y en el saber, para disfrutar, sentir y construir proyectos de vida. Por eso creemos, como García Márquez, que tenemos las condiciones para que la educación sea el motor del cambio social.
Inspirados bajo esta convicción, el pasado 17 de julio le entregamos al país el IV Plan Decenal Por el Derecho a la Educación. Este plan fue el resultado de más de un año de diálogo y escucha en todos los territorios del país. Abrimos espacios de participación donde las comunidades tuvieron compartieron sus experiencias, y manifestaron sus preocupaciones y anhelos para la educación. En este proceso intervinieron niños y niñas, estudiantes de todos los niveles, docentes, directivos, familias, comunidades étnicas, organizaciones campesinas, personas con discapacidad, comunidades LGBTIQ+ y víctimas del conflicto armado.
El IV Plan Decenal que entregamos al país traza la hoja de ruta para la transformación educativa del país durante la próxima década. Se estructura en tres ejes estratégicos y veinte rutas de política pública, desarrolladas mediante líneas de acción concretas.
En primer lugar, el Eje 1, “Garantía plena del derecho a la educación”, busca eliminar las barreras sociales, económicas y culturales y asegurar las condiciones materiales, institucionales y pedagógicas, a la par que fortalece las condiciones materiales, institucionales y pedagógicas para hacer efectivo el derecho a una educación pública, universal, gratuita y a lo largo de toda la vida. Apostándole a la ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa, el cierre de brechas en conectividad, la consolidación de una política de formación docente, el fortalecimiento de la alimentación escolar y la reivindicación de la participación democrática en los gobiernos escolares.
El Eje 2, “Construcción de conocimiento público para la transformación social”, sitúa en el corazón de la transformación una renovación curricular pertinente que dialogue con las realidades territoriales y reconozca la diversidad de saberes que los habitan; integrando temas transversales como la educación ambiental, los temas de paz y memoria, la educación inclusiva, el enfoque de género y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos.
Finalmente, el Eje 3, “Fortalecimiento del financiamiento de la educación pública”, plantea las bases para garantizar recursos suficientes, oportunos y distribuidos con criterios de equidad territorial, asegurando la sostenibilidad de las transformaciones propuestas en todos los niveles educativos.
Este Plan Decenal marca también un hito en la inclusión y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país. Por primera vez se incluye un capítulo sobre etnoeducación construido de la mano de las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras, y uno dedicado al Sistema Educativo Indígena Propio y sus avances en la reglamentación. Esta apuesta reafirma que una educación con enfoque territorial también debe reconocer la pluralidad de saberes, culturas y formas de comprender el mundo que enriquecen a Colombia.
Ahora bien, para que este plan trascienda el papel, invito a toda la ciudadanía a conocerlo, apropiarlo y defenderlo como una hoja de ruta para el futuro del país, consultando los documentos y herramientas disponibles en plandecenal.edu.co. A las entidades territoriales y a las instituciones educativas les corresponde ahora convertir sus lineamientos en decisiones, proyectos y acciones que garanticen el derecho a la educación en cada rincón de Colombia.
Este esfuerzo colectivo es, ante todo, un pacto social por la educación. Recoge las voces que durante décadas reclamaron una escuela más justa, una universidad más abierta y un Estado que asumiera plenamente su responsabilidad con el derecho a la educación. Por mandato de la Ley General de Educación, este Plan Decenal está llamado a trascender los cambios de gobierno; pero, sobre todo, está llamado a preservar una convicción compartida: que la educación no puede depender de los vaivenes de la política, porque en ella se juega el presente y el futuro de la nación. Esa es la razón de ser del IV Plan Decenal por el Derecho a la Educación: dejar al país una ruta construida por miles de voces para que las transformaciones alcanzadas no sean el punto final de un gobierno, sino el punto de partida de una Colombia que haga de la educación el fundamento de la justicia social, la democracia y la paz.
(*) Columna de opinión