Durante el Consejo se anunció. además la presentación de cuatro nuevos decretos para combatir la tragedia humanitaria desatada por el temporal de lluvias, producto del frente frío que ha afectado algunas zonas del país.
Aunque el hecho no se vio durante la transmisión del encuentro del gabinete ministerial, fue a través de las imágenes publicadas por la Presidencia que se evidenció como además del mandatario, también firmaron la directora del Dapre, Nhora Mondragón Ortiz, y el jefe de despacho, José Raúl Moreno.
Otros ministros que también presentaron su rúbrica fueron los de Minas, Edwin Palma; Defensa, Pedro Sánchez; Educación, Daniel Rojas; Vivienda, Helga María Rivas; Culturas, Yannai Kadamani; Comercio, Diana Morales; y Hacienda, Germán Ávila.
Uno de los primeros que celebró este momento fue el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien calificó esta decisión como “un ejercicio legítimo del poder constituyente para romper el bloqueo institucional y abrir, por vías democráticas y legales, el debate de fondo sobre las transformaciones que el pueblo reclama. Entre ellas, la que hoy nos reúne en Cartagena: una Reforma Agraria que es justicia social, motor del desarrollo, base de la democracia, herramienta frente al cambio climático y condición para la paz”, señaló.
Esta convocatoria también la había firmado previamente el ministro del interior, Armando Benedetti, cuando publicó en sus redes sociales una imagen firmando la convocatoria, al igual que lo hizo Sanguino y Luz María Múnera, consejera para las regiones y superintendente ad hoc en la Nueva EPS.
Cabe recordar que el pasado 30 de enero la organización electoral le dio el visto bueno a la inscripción del comité para iniciar la recolección de firmas, la cual necesita más de dos millones de firmas para su aprobación, lo que corresponde al 5% del censo nacional.
Pese a que el mismo presidente Gustavo Petro firmó sobre mármol que no convocaría a una constituyente cuando era candidato presidencial, el Jefe de Estado ha sido el principal impulsor de esta medida como una justificación a lo que considera un “bloqueo institucional” en contra de su administración y de las reformas sociales que no han tenido éxito en sus trámites legislativos.
Además, muchos lo señalan como una “jugada política”, ya que el apoyo a esta iniciativa y la recolección de firmas ocurren en paralelo al inicio de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo.