Luego de que Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, denunciara en Twitter un artículo del proyecto de reforma a la justicia con el que se propone que sean los jueces los que juzguen a los congresistas y magistrados sólo después de que la Cámara a la que pertenece lo autorice, Paloma Valencia defendió la pretensión del mismo.
"Ningún miembro del Congreso podrá ser aprehendido ni llamado a juicio sin permiso de la Cámara a la que pertenezca, durante el periodo constitucional. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la corporación", diría el artículo No. 186 de la Constitución si se lograra la aprobación de la propuesta.
Tras la denuncia, la senadora del Centro Democrático explicó que lo que "se trata de hacer es volver a lo que había antes de la Constitución del año 91, donde los congresistas y los magistrados eran juzgados como cualquier ciudadano por los jueces, pero para hacer eso, no se puede dejar que todos los jueces manden órdenes de captura, porque imagínese en lo que terminaríamos".
Valencia además afirmó que en todos los países democráticos existe un procedimiento de eliminación del fuero que pasa por el Congreso, por lo que asegura que si en Colombia se considera que esta decisión la debe tomar la Corte Suprema de Justicia (para el caso de los congresistas), y el Congreso (para los magistrados), el partido Centro Democrático está abierto a las propuestas.
"El mico"
Fue este miércoles en la mañana cuando Barrios compartió una imagen del documento en el que se lee cómo quedaría el artículo 186 tras la modificación propuesta.
En Twitter la directora de la MOE escribió: "Háganme el favor, no se ha enfriado la Consulta Anticorrupción y vean la belleza que me encuentro en la propuesta de reforma a la justicia. Cazando micos".
El proyecto de acto legislativo pretende unificar las cortes.
La propuesta eliminaría la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado y les asignaría sus funciones a otros tribunales. Así mismo, el proyecto pretende crear un tribunal supremo constitucional, que sería el encargado de revisar los problemas sustanciales y no de forma en los diferentes casos.
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