El movimiento Pacientes de Colombia, que representa a 205 organizaciones de pacientes a nivel nacional, se pronunció con firmeza ante la decisión del Gobierno Nacional, dirigido por Abelardo de la Espriella, de retirarse de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition), un organismo internacional que defiende las garantías democráticas, desarrollo de políticas igualitarias y de acceso social a la población LGBTIQ+ en 44 países.
Como se conoció, la Cancillería anunció está semana que se retiraba de este organismo en el que Colombia tenía la copresidencia junto con España. “Se identificó que la participación en este mecanismo no era prioritaria”, afirmó Pedro Roa, viceministro de Relaciones Exteriores.
En este sentido, Pacientes Colombia publicó un comunicado en el que “hace un llamado público, directo y respetuoso al señor presidente de la República y al Gobierno Nacional para que reconsideren la decisión de retirar a Colombia. Esta determinación envía una señal política equivocada en un momento en el que el país debe reafirmar y no debilitar, su compromiso con la igualdad, la no discriminación y la protección de las poblaciones históricamente vulnerables”.
“Esta decisión constituye un retroceso político e institucional frente al goce efectivo de los derechos de las personas LGBTIQ+, de quienes viven con VIH y de las comunidades que han enfrentado durante décadas estigma, exclusión y barreras de acceso a la salud. Retirarse de un escenario internacional de cooperación en derechos humanos no es un gesto menor, reduce la capacidad del Estado para dialogar, aprender, construir políticas públicas y rendir cuentas frente a compromisos que protegen la vida, la dignidad y la igualdad”, sostiene la organización civil.
Por su parte, Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, se dirigió al presidente De la Espriella, “retirar a Colombia de este espacio internacional envía un mensaje regresivo a miles de personas que siguen enfrentando discriminación, estigma y barreras para acceder a la salud. Como organizaciones de pacientes, le pedimos revisar esta decisión y reafirmar que el Estado colombiano está del lado de la igualdad, la dignidad y la protección de las poblaciones LGBTIQ+ y de quienes viven con VIH”.
La organización solicitó al Gobierno Nacional que “reverse esta decisión o, como mínimo, abra de manera inmediata un espacio público de diálogo con organizaciones” de pacientes, colectivos LGBTIQ+, defensores de Derechos Humanos y expertos en salud pública.
Entre tanto, la Defensoría del Pueblo publicó un pronunciamiento criticando la determinación del Gobierno Nacional que, “tiene la facultad de definir las prioridades y estrategias de la política exterior. Sin embargo, dicha facultad debe mantener plena correspondencia con las obligaciones constitucionales e internacionales permanentes del Estado en materia de derechos humanos”.
Sobre, fue enfático el llamado de atención de la Defensoría, aclarando que “los derechos de las personas LGBTIQ+ no pertenecen a una ideología ni a un gobierno: son derechos reconocidos constitucional e internacionalmente y su protección es un deber del Estado”.
Por último, la entidad manifestó su preocupación por “el mensaje que una decisión de esta naturaleza puede transmitir en un contexto en el que persisten la discriminación, la estigmatización y la violencia por prejuicio”.
A esto añadió las lamentables cifras de violencias contra la población LGBTIQ+: en 2025 se registraron 74 asesinatos de personas OSIGNH (orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas), 27 fueron transfeminicidios, y durante el 2026, con corte a 19 de agosto, se habían reportado 31 asesinatos, 17 de ellos transfeminicidios. Estos datos degún informes de la Fiscalía General de la Nación.