A través de un hilo en su cuenta de X, la ONU Derechos Humanos en Colombia, dio a conocer su preocupación por los pronunciamientos públicos por parte de algunas autoridades del Estado y líderes políticos que estigmatizan a las personas que se manifiestan pacíficamente.
“En las últimas semanas, hemos observado en diferentes lugares del país pronunciamientos y acciones que no se ajustan a los estándares internacionales de derechos humanos para garantizar el derecho a la protesta pacífica”, publicó.
Cabe mencionar que las protestas se han intensificado en varias regiones de Colombia y en varias sedes gubernamentales de la capital.
En su mensaje, la ONU Derechos Humanos Colombia también reiteró que la protesta pacífica es un derecho humano y que el Estado colombiano se ha comprometido a respetar la vida, la integridad, las libertades de reunión y expresión de quienes participan en las protestas.
“Rechazamos cualquier acción violenta dentro de las protestas, y subrayamos que los estándares internacionales también protegen la vida, la integridad y los bienes públicos de las personas que pueden verse afectadas por la violencia”.
Para la organización, urge la protección de las personas que ejercen su derecho a la protesta pacífica, por lo cual hacen un llamado a las autoridades a respetar la labor de las personas defensoras de derechos humanos, y a reconocer públicamente sus derechos.
“En momentos en los cuales hay diferentes manifestaciones en el país, recordamos también la importancia del compromiso liderado por la Defensoría del Pueblo, por unas elecciones libres de violencia y en paz”, insistió la organización.
Resolución sobre políticas de drogas y DD.HH.
Por otro lado, Naciones Unidas adoptó de manera unánime la resolución titulada: “Implicaciones de las políticas de drogas sobre los Derechos Humanos”, presentada por Colombia, en nombre de un amplio grupo de países, con el apoyo de 36 Estados copatrocinadores.
La adopción por consenso de esta resolución se convierte en un hito para la política exterior colombiana, la cual materializa la aspiración de posicionar los asuntos relacionados con las drogas de manera permanente en las cuestiones que aborda el Consejo de Derechos Humanos.
Tal y como lo señala la cancillería colombiana, la resolución reconoce que las políticas de fiscalización de drogas pueden entenderse como un medio para alcanzar objetivos más amplios como la protección de todos los derechos humanos, incluido el derecho al disfrute del más alto nivel de salud física y mental, garantizando la igualdad y la no discriminación.