La ola migratoria de ciudadanos procedentes de Venezuela experimentará una transformación drástica en las próximas semanas. Los dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5, registrados el pasado 24 de junio, destruyeron gran parte de la infraestructura habitacional y hospitalaria del territorio fronterizo, lo que obligará a miles de personas a buscar refugio en suelo colombiano.

De acuerdo con los reportes oficiales del gobierno de Delcy Rodríguez, hasta el 9 de julio se contabilizaban al menos 3.890 muertos y decenas de miles de damnificados, concentrados principalmente en la zona costera de La Guaira.

Ante la magnitud de la tragedia, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dirigida por Amy Pope, estimó en 6,76 millones la cifra total de ciudadanos afectados por la emergencia.

Esta coyuntura provocará una dinámica de reunificación familiar masiva que modificará el perfil demográfico del éxodo.

Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explicó a SEMANA que el flujo migratorio, que nunca se detuvo, ahora estará integrado mayoritariamente por adultos mayores que antes se resistían a abandonar sus hogares.

La llegada de esta población vulnerable coincidirá con un grave problema de falta de documentación. Debido al colapso de las edificaciones, las autoridades prevén el ingreso de miles de personas que perdieron sus pasaportes y cédulas de identidad, lo que dificultará los procesos de registro en las oficinas fronterizas si no se implementan medidas de flexibilización.

Frente a este panorama, analistas sugieren reactivar las herramientas del Estatuto Temporal de Protección diseñado por el Estado colombiano.

Aunque este mecanismo ha permitido regularizar a más de un millón de venezolanos desde agosto de 2022 según datos de Migración Colombia, investigadores señalan que la política pública ha sufrido retrocesos operativos que deben subsanarse con urgencia.

El otro factor crítico es la emergencia de salud pública derivada del desastre. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la ONU alertaron sobre el riesgo inminente de brotes de enfermedades transmisibles como el cólera, el sarampión, el dengue y el zika, agravado por el hecho de que tres hospitales principales quedaron completamente inutilizables en Venezuela.

La presión sobre el sistema sanitario de Colombia se incrementará notablemente, emulando los escenarios críticos vividos en 2018 cuando se detectaron los primeros casos importados de sarampión.

En las oleadas previas, el acceso al esquema de vacunación nacional fue la demanda prioritaria de los migrantes, un reto que ahora se duplica por los requerimientos crónicos de los adultos mayores.

En el plano político, la catástrofe ha modificado las prioridades institucionales, relegando el debate sobre la transición democrática.

El proceso para conformar un nuevo Consejo Nacional Electoral quedó aplazado indefinidamente, lo que analistas interpretan como una ventana de tiempo que favorece la permanencia del régimen de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.