El Gobierno Nacional oficializó la prórroga de la intervención a Nueva EPS y fijó nuevas condiciones para su recuperación bajo la dirección del exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien asumió como agente interventor, pese a las polémica que ha generado el nombramiento. La medida quedó consignada en una resolución que no solo extiende el control estatal por un año más, sino que establece una hoja de ruta obligatoria para enfrentar la crisis que atraviesa la entidad.
El documento ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios, y mantiene la intervención forzosa administrativa entre el 10 de abril de 2026 y el 10 de abril de 2027. Aunque la Nueva EPS ya estaba intervenida desde abril de 2024 por decisión de la Superintendencia Nacional de Salud, la nueva resolución despeja el vacío jurídico que se había generado tras el vencimiento de la medida anterior.
Uno de los puntos centrales es el plazo de 30 días calendario que tiene Ospina para presentar un plan de trabajo ante la Dirección de Medidas Especiales para EPS. Ese documento deberá plantear acciones concretas para responder a la crisis financiera y al deterioro en la atención a los usuarios.
La resolución establece como prioridad la gestión de reclamaciones en salud, especialmente los casos catalogados como de “riesgo vital”. También ordena adoptar medidas que permitan reducir el volumen de acciones de tutela, que se han disparado en medio de las fallas del servicio. En 2025, la EPS encabezó el listado nacional de quejas con más de 518.000 reclamos y, según cifras oficiales, existen más de 120.000 tutelas que ni siquiera han sido abiertas en los canales de atención.
En lo financiero, se exige diseñar estrategias para recuperar cartera, estructurar un plan de pagos con clínicas y proveedores y adoptar medidas que le permitan a la EPS cumplir con las condiciones de solvencia exigidas por el sistema de salud. La situación se agrava porque, desde el inicio de la intervención en 2024, no se han presentado estados financieros actualizados.
La resolución también ordena al saliente interventor, Luis Oscar Gálvez, entregar un informe detallado de su gestión. Con estas exigencias, el Gobierno busca encaminar la recuperación de una EPS que atiende a más de 11,7 millones de afiliados y que enfrenta una de las crisis más profundas del sistema.
El documento también pide revisar a fondo la red de clínicas y hospitales para asegurar que los pacientes puedan acceder a los servicios sin demoras. Esto se da porque ya hay centros médicos que han dejado de atender por falta de pago.