El alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, destacó las medidas restaurativas que adelantan exjefes de la antigua guerrilla de las Farc y máximos responsables que pertenecieron al Ejército Nacional en Pitalito, Huila.
“Esta colaboración conjunta entre antiguos adversarios es una poderosa contribución a la verdad, a la reparación y a la sanación de las familias afectadas por el conflicto”, señaló Türk.
Pero lo anterior no fue todo, porque el alto funcionario de la ONU hizo un llamado de atención sobre la necesidad de garantizar recursos suficientes para el funcionamiento del Sistema Integral para la Paz, del que hacen parte la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Türk señaló, además, que la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha acompañado y seguirá acompañando la creación y el trabajo de este sistema mediante asistencia técnica.
“Esto no puede ser un esfuerzo aislado. Los mecanismos judiciales y extrajudiciales de justicia transicional, establecidos en virtud del Acuerdo de Paz son indispensables para garantizar los derechos de las víctimas y responder a sus demandas. Es fundamental que el Sistema, en el que tanto se ha invertido, continúe implementándose”, sostuvo el abogado austriaco.
Cabe resaltar que la solicitud de garantizar recursos para la JEP por parte de la ONU sucede cuando el Congreso de la República se encuentra discutiendo el Presupuesto General de la Nación para el año 2027. De hecho, las comisiones económicas ya aprobaron en primer debate la reducción de 170.000 millones de pesos para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
De ahora en adelante, hasta el mes de octubre, se espera que dicha iniciativa adelantada por la bancada oficialista y apoyada por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, avance su trámite en las plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes.
Las actividades se desarrollan en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde los máximos responsables participan en labores para localizar e identificar personas desaparecidas y entregar sus restos a sus familias, como parte de las sanciones propias con contenido restaurativo establecidas por la JEP.
Las sanciones propias son aplicadas, dentro del modelo de justicia transicional, a personas que reconocieron su responsabilidad por graves crímenes y violaciones. En lugar de una pena de prisión, el esquema contempla medidas restaurativas, entre ellas la búsqueda de personas desaparecidas.