En medio de los operativos que adelantan las autoridades en contra de la minería ilegal en el país, el vocero del Gobierno Nacional, Miller Soto, informó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, presentará ante el Consejo de Política Criminal una propuesta para combatir esta actividad vinculada con la financiación de grupos armados.
El anuncio se dio tras el reciente sobrevuelo que realizó Lara por zonas de explotación minera ilegal, donde habría identificado minas en Nóvita y el Baudó, en el departamento del Chocó.
“Subió a un MI-17, sobrevoló las minas ilegales del Baudó, en el Chocó, y le puso al país las imágenes. ‘Observen la magnitud’, dijo cuando las mostró a río abierto: palas, tierra volteada, oro que en lugar de pagar impuestos o licencias, paga fusiles. Miles de hectáreas en el corregimiento de San Lorenzo, Nóvita, invadidas, más de 100 retroexcavadoras sin permiso, campamento del Clan del Golfo, documentos falsos para entrar al predio, químicos, ríos desviados y lodo”, describió el vocero del Gobierno.
De acuerdo con la intervención del vocero gubernamental, el Ministro busca que las autoridades competentes investiguen si parte de esas rentas ilegales habría alimentado campañas de 2026. También advirtió sobre la posibilidad de que un esquema similar se presente de cara a las elecciones regionales de 2027.
Sin embargo, el funcionario no identificó las campañas que presuntamente habrían recibido esos recursos ni señaló a personas específicas como responsables. Estas hipótesis deberán ser verificadas por las autoridades competentes.
“El ministro Rodrigo Lara anunció medidas contundentes a través de un estatuto para enfrentar este flagelo como lo que es: un aparato que alimenta el crimen y amenaza la democracia”, añadió.
Durante su intervención, Soto también se refirió a otros procedimientos adelantados contra actividades de extracción ilegal de oro.
En Chaparral, Tolima, el Ejército habría desmantelado dos centros de producción atribuidos a la Comisión Jerónimo Galeano. De acuerdo con las cifras presentadas por el vocero, las instalaciones tendrían capacidad para producir alrededor de 6.000 gramos de oro al mes, cuyo valor se estimó en cerca de $2.880 millones mensuales.
Mientras que en Yuto, en el Chocó, las autoridades inutilizaron cuatro excavadoras que pertenecerían a una subestructura del Clan del Golfo.
“La doctrina es la misma del presidente: golpear economías ilícitas, coca, extorsión, oro ilegal. Sin el kilo, sin el gramo, se les acaba también el fusil”, aseveró.
Por otro lado, Soto también hizo referencia a las dificultades que atraviesa el departamento, relacionadas con la violencia, el desplazamiento y la situación humanitaria. En ese contexto, afirmó que los esfuerzos de recuperación de la región deben acompañarse de acciones para frenar la explotación ilícita de los recursos naturales.