A través de un video desde la sede del Ministerio de Defensa, la cartera dio a conocer 82 presuntos casos de irregularidades administrativas y contractuales en este sector durante el Gobierno del cuestionado expresidente Gustavo Petro.
Según el ministro de Defensa, Jorge Mora, 41 de los 82 reportes ya fueron radicados como denuncias formales ante las autoridades competentes.
“Actualmente se tienen 82 reportes, de los cuales 41 han dado lugar a denuncias formales ante las autoridades competentes por hechos que podrían representar una afectación patrimonial preliminar superior a 155.000 millones de pesos”, señaló.
A juicio del alto funcionario del Gobierno Nacional, la afectación a las arcas de la cartera de seguridad es una afectación patrimonial preliminar superior a los $155.000 millones en recursos públicos por supuestas anomalías que tienen relación con actuaciones del cuatrienio anterior.
En las investigaciones que ya se encuentran en curso, uno de los casos que sería el más grave es el de una serie de inconsistencias en el contrato de mantenimiento de la flota de los helicópteros Mi-17 pertenecientes al Ejército Nacional.
En el caso de las aeronaves mencionadas, el ministro Mora aseguró que el contrato para el mantenimiento de estas aeronaves habría sido dirigido hacia una empresa que no cumplía las condiciones exigidas, y que la investigación es adelantada por la Fiscalía General de la Nación.
De hecho, es de recordar que el ente acusador ha vinculado formalmente e imputado a seis personas que se preparan para enfrentar juicio: Luis Edmundo Suárez (exviceministro de Defensa para la Estrategia y Planeación), Hugo Alejandro Mora (exsecretario general del Ministerio de Defensa), Herbert Arnulfo Buitrago (exdirector de Logística del Ministerio de Defensa), coronel Julián Ferney Rincón (excomandante de la Brigada de Aviación n.º 32 del Ejército y gerente del proyecto) y Diego Alejandro Manrique (exasesor del Ministerio de Defensa).
El ministro Jorge Mora insistió en que corresponde a las autoridades judiciales establecer si hubo conductas delictivas y determinar las responsabilidades individuales. También afirmó que el Ministerio de Defensa continuará entregando la información requerida y adoptará las medidas administrativas que estén dentro de sus competencias.
Asimismo, dejó en claro que no se intervendrá o prejuzgará en las decisiones que tomen las autoridades judiciales, como la Fiscalía.
“Corresponderá a las autoridades competentes determinar las eventuales responsabilidades penales individuales, conforme a las pruebas y con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. Cada peso de los colombianos se respeta y se protege. La transparencia no es negociable”, sostuvo el mayor general (r) del Ejército Nacional.